Carnero acata el fallo del TC y reclama una financiación local "justa y adecuada" para ejercer las competencias

Actualizado: miércoles, 9 marzo 2016 14:14

VALLADOLID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha recalcado este miércoles que "todos los poderes públicos" tienen que acatar el fallo del Tribunal Constitucional que anula la prohibición a las CC.AA. de que atribuyan a los ayuntamientos competencias en servicios sociales y de atención primaria, y ha aprovechado para reclamar una financiación "justa y adecuada" para las entidades locales.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Carnero ha apostado por hacer un estudio "profundo" del fallo del Constitucional, pero ha incidido en que su preocupación es la falta de una financiación local que aporte la suficiente cobertura presupuestaria para las entidades locales.

El dirigente 'popular' ha explicado que de una primera lectura se entiende que "hay determinadas competencias autonómicas en las que no se puede inmiscuir el Estado", pero ha incidido en que le preocupa la financiación tanto de las competencias en servicios sociales y atención primaria "y muchas otras" que ejercen los municipios de manera impropia y siguen sin tener un marco presupuestario clarificado.

"Tenemos que ser contumaces", ha aseverado Carnero, quien ha recordado que la financiación de los municipios es algo que se reclama desde "hace la friolera de casi 40 años" y que entiende que "es hora" de que "de la misma manera que hay una financiación autonómica España se dote de una financiación local para que las entidades locales sepan a que atenerse".

Carnero ha matizado que no se trata de una "llamada de atención" a la Junta de Castilla y León, sino que "simplemente" trata de "poner de manifiesto" la realidad de las Administraciones locales y su necesidad de contar con una financiación adecuada que les permita ejercer competencias.

En cuanto al fallo, que espera poder estudiar en profundidad, ha apuntado que el Constitucional ha determinado que algunos artículos no son acordes con la Carta Magna y señala que las citadas áreas son una competencia autonómica en la que el Estado "no puede interferir".

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