VALLADOLID, 22 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha justificado este miércoles la decisión de no suspender el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones, pese a que PP y Vox se comprometieron a iniciar los trámites para ello en el Pleno celebrado el pasado 30 de marzo, porque un informe jurídico deja claro que "no hay amparo legal" para hacerlo, de modo que el equipo de Gobierno inicia ya los trámites para aprobar una nueva ordenanza "acorde con el tiempo actual", si bien no ha querido dar detalles sobre cómo se regulará ésta.
El regidor 'popular' ha ofrecido una rueda de prensa este miércoles después de que a primera hora de la tarde del martes la teniente de alcalde de Vox, Irene Carvajal, avanzara que sus socios del Partido Popular no estaban "en la línea" de suspender el régimen sancionador pese a que se habían comprometido a ello y por lo tanto, seguir multando a los vehículos que accedan a la ZBE sin cumplir la normativa o las exenciones establecidas.
Carnero ha detallado el informe encargado a la Secretaría General del Ayuntamiento descarta que exista "amparo legal" para suspender los procedimientos sancionadores, ni la devolución de las multas impuestas hasta la fecha ni tampoco las que se puedan imponer en el futuro. De modo que, para el alcalde, resulta "evidente" que no se puede suspender el régimen.
"En mi vida política no me he apartado de lo que dice un informe técnico. Si alguno se quiere apartar, allá él. Yo no me voy a apartar", ha enfatizado Carnero, que ha añadido que si el Ayuntamiento hiciera "otra cosa" pondría "en entredicho" las ayudas recibidas desde diversos ministerios en materias de Movilidad y de transporte urbano, que considera que están vinculadas a que la Zona de Bajas Emisiones "sea efectiva" y tenga "el correspondiente procedimiento sancionador".
Incluso ha dudado del efecto que habría tenido suspender el régimen sancionador, porque interpreta que en tal caso "entraría en aplicación directa la Ley de Tráfico que establece que las ZBE, cuando se incumple la misma se comete infracción muy grave", porque el área restringida "sigue existiendo".
Tampoco es posible legalmente, ha precisado, dejar sin efecto la Zona de Bajas Emisiones, porque "la ley exige que tengamos una vigente".
Ante las palabras de su socia de gobierno Irene Carvajal sobre la "quiebra de confianza" que supone esta "marcha atrás" del alcalde con la ZBE, Carnero ha asegurado que la moción establecía iniciar los trámites para suspender los procedimientos "en aplicación de un principio de cautela y prudencia y en su caso adoptar la decisión administrativa", y a esto último se agarra para subrayar que lo que hacen ahora es "dar cumplimiento a la moción en los términos que permite la ley".
"NO TEMO A NADA EN ESTA VIDA"
En cualquier caso, ha apostillado que ha contestado muchas veces a supuestos "temores" por las consecuencias de posibles desacuerdos entre el PP y Vox y ha insistido en que no teme "a nada en esta vida".
El alcalde también se ha dirigido a los grupos municipales, incluidos los de la oposición, para plantearles que si tienen "otro informe jurídico que contradiga" al que ha emitido la Secretaría General estaría "encantado" de estudiarlo y aplicarlo, pero ha añadido que una vez analizado el estudio jurídico realizado le da la "sensación" de que "no va a ser posible" otra alternativa, pues "no es legal".
"Nosotros vamos a proceder a través de un criterio fundamental a la hora de actuar en defensa de los derechos y deberes de los vecinos, desde la más absoluta responsabilidad. No podemos hacer otra cosa que no sea aplicar la ley", ha recalcado.
Lo que sí que respalda el informe jurídico es la presentación de un recurso en casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del pasado 16 de marzo que anuló la Ordenanza de la ZBE en Valladolid, para lo que todavía hay plazo. "Entendemos y creemos que la actual ZBE está adecuadamente hecha. Tiene todos los visos de legalidad", ha defendido.
Del mismo modo, Carnero ha subrayado que dicha resolución judicial aún no ha adquirido firmeza jurídica y con la presentación del recurso del Consistorio tampoco la tendrá hasta que se resuelva, de tal modo que la Zona de Bajas Emisiones seguirá vigente. Mientras tanto, la Concejalía de Tráfico y Movilidad trabajará en la redacción de la nueva ordenanza, que ahora abre un plazo de consulta pública hasta el 31 de mayo.
"Vamos a regular una nueva Zona de Bajas Emisiones pero para que Valladolid siga teniendo ZBE se mantendrá la actual mientras la sentencia no sea firme y de ese modo hacer un tránsito entre ambas", ha precisado.
Sobre el futuro nuevo texto, Carnero no ha entrado en muchos detalles sobre los plazos y sobre el modo en el que se modificará la regulación de la ZBE, de lo que sólo ha señalado que será "acorde a la nueva realidad" que interpreta que se observa "no sólo en España", en ciudades que apunta que ya han iniciado trámites como Madrid y Zaragoza o como en Francia, donde afirma que la Asamblea Nacional
"Tenemos ejemplos y ese es el ámbito en el que nos tengamos que mover, tiene que ser una regulación efectiva. Para evitar que no tenga verdadera efectividad y que el gobierno de España no considera que no procede otorgar o mantener las ayudas", ha advertido.
En cuanto a los plazos, sin poner fechas, ha añadido que se harán las cosas de manera "adecuada y correcta" y que lo primero es la consulta pública, hasta el 31 de mayo.
El alcalde 'popular' ha aseverado que él no cree en la Zona de Bajas Emisiones y ha presentado datos sobre el funcionamiento de la regulación, con un total de unas 18.000 multas en los nueve primeros meses, sin que se observe una diferencia, asegura, desde que se conoció la sentencia que anula la ordenanza.
Según los datos, "sólo acceden sin etiqueta el 3,8 por ciento de los vehículos", muchos de ellos tienen permiso para acceder al área restringida de acuerdo con las exenciones establecidas. Sólo el 0,25 por ciento de ellas conllevan una propuesta de sanción, un dato que al inicio de la regulación de la ZBE era el 0,52 por ciento.
Ello se traduce, ha añadido, en 50 sanciones al día, y también ha destacado Carnero que algo menos del 70 por ciento de los multados son personas empadronadas fuera de la ciudad.