VALLADOLID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Valladolid ha impuesto un año de prisión y multa de más de 200.000 euros a un constructor, vecino de San Román de Hornija, por fraude a la Seguridad Social, según informaron a Europa Press fuentes del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El condenado dejó de abonar la cotización por los trabajadores cuyos servicios utilizaba, ni por las cuotas que le correspondían en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, dejando una deuda que a 21 de septiembre de 2018 ascendía a la suma de 82.649,76 euros por los periodos comprendidos entre enero de 2001 y julio de 2018.
Dado que no estaba al corriente y mantenía la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, al objeto de eludir el embargo de las cantidades que cobraba de sus clientes y evitar dificultades para formalizar nuevos contratos, el día 20 de octubre de 2014 constituyó Construcciones TUA, con domicilio en Laguna de Duero.
Esta mercantil figura como continuadora de la actividad que venía desarrollando y contratando con los mismos clientes, sin abonar tampoco las cuotas de la Seguridad Social. La empresa carecía de bienes que pudieran ser objeto de embargo y los cobros que hacía de los clientes para los que trabajó los hacía en efectivo, sin ingresar las cantidades correspondientes en la TGSS.
En virtud de la actividad de esta sociedad ha dejado una deuda que a 21 de septiembre de 2018 ascendía a la suma de 72.524,64 euros por los periodos comprendidos entre marzo de 2015 y octubre de 2015.
Con la misma finalidad que en los casos anteriores, constituyó entonces en noviembre de 2015 una tercera empresa, Excavic Construcciones SL, con domicilio en San Román de Hornija, siguiendo con la misma forma de actuar y dejando una deuda que a 21 de septiembre de 2018 ascendía a la suma de 30.015,62 euros por los periodos comprendidos entre mayo de 2017 y abril de 2018.
Por tales hechos, el constructor ha sido hallado responsable de un delito de elusión del pago de cuotas de la Seguridad Social y condenado a un año de cárcel y al abono de una multa de 205.080 euros, junto con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de tres años.
Durante el juicio, el Ministerio Fiscal pidió la absolución y la Tesorería General de la Seguridad Social, en calidad de acusación particular, había interesado una condena de dos años de cárcel, multa del doble de la cantidad defraudada y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un periodo de cuatro años.
