Amilivia advierte de que hay consistorios a los que se les "llena la boca" hablando de medio ambiente pero no saben identificar lo que gastan
VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha recomendado a los 23 ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de Castilla y León que pongan en marcha planes de acción ante la contaminación, tanto la atmosférica como la acústica y, sobre todo la lumínica, ya que solo Burgos cuenta con normativa propia.
Amilivia ha comparecido este jueves ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar cuatro informes, entre ellos el correspondiente a la fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, y otros tres sobre la contratación de la gestión de los residuos sólidos urbanos de los ayuntamientos de Palencia, Soria y Zamora.
El primero de los informes concluye con una docena de recomendaciones entre las cuales se reclama a las autoridades locales que lleven a cabo actuaciones previstas en la normativa sectorial correspondiente y medidas tendentes a mejorar la calidad del aire y minimizar la contaminación atmosférica, así como las dirigidas a prevenir la contaminación lumínica, por un lado, y a mejorar la calidad acústica en el municipio, por otro.
Amilivia ha repasado que, mientras en el tema de la contaminación por ruido muchos ayuntamientos --16 de los 23-- tienen en marcha ordenanzas y planes de actuación de acuerdo con la normativa regional sobre el ruido, los datos en control de la contaminación atmosférica y lumínica son peores.
En este último aspecto, sólo Burgos cuenta con normativa propia sobre contaminación lumínica y ningún ayuntamiento ha hecho realizado una zonificación de la ciudad en función del tipo de calificación del suelo, algo que el Consejo de Cuentas recomienda hacer. Eso sí, Amilivia ha matizado que 14 consistorios han hecho estudios de consumo y eficiencia energética de la iluminación.
En cuanto a la contaminación atmosférica, ha advertido de que solo tres ayuntamientos --León, Ponferrada y Valladolid-- tienen planes de acción ante situaciones de contaminación atmosférica y solo seis --Burgos, León, Salamanca, Segovia, Valladolid y Medina del Campo-- realizan mediciones habitualmente.
Además, ha advertido de que Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Ponderada, Santa Marta, Laguna de Duero y Benavente incumplen la legislación al no tener adaptado el reglamento a las exigencias de protección de la atmósfera.
El informe, que analiza el ejercicio 2017 y los primeros meses de 2018, fue remitido al Parlamento autonómico el pasado 10 de septiembre, es decir, goza de plena actualidad y ha subrayado que se trata, de acuerdo con el Plan Estratégico 2019-2022 de un asunto que entronca con la intención de este organismo de analizar los asuntos que están en el interés de la sociedad, como es todo lo relativo al medio ambiente y el cambio climático.
Se trata de una fiscalización combinada, operativa y de cumplimiento, sobre las actuaciones de los 23 ayuntamientos de Castilla y León con población superior a los 10.000 habitantes, si bien los de Astorga y La Bañeza no aportaron toda la documentación requerida, por lo que sus datos no se incluyen.
Se han analizado las actuaciones llevadas a cabo, si se han acometido, en su caso, con planificación, comprobándose también los programas presupuestarios relacionados con la protección y mejora del medio ambiente, así como, en su caso, la existencia de objetivos e indicadores.
En el ámbito de la legalidad, se han examinado las actuaciones y medidas específicas adoptadas sobre la contaminación atmosférica, lumínica, acústica y con la recogida de residuos.
Sobre la planificación medioambiental llevada a cabo por los ayuntamientos, se concluye que de los 23 ayuntamientos analizados, 18 cuentan orgánicamente con una unidad, área o departamento específico de medio ambiente y que el número total de trabajadores que desarrollan estas competencias asciende a 266, de los que 40 son técnicos especialistas en medio ambiente.
Hay cinco que no se han sumado a ninguna agrupación de municipios con objetivos medioambientales.
AGENDA LOCAL 21
Con respecto a la adhesión a compromisos internacionales, 13 han formalizado la Carta Aalborg (ciudades europeas hacia la sostenibilidad) y se han adherido al desarrollo de la Agenda 21 Local, un elemento que Amilivia ha considerado muy apropiado para poder avanzar en políticas que beneficien al medio ambiente y a la gestión municipal. Entre los que no han suscrito ninguna de ellas figuran 3 capitales (Ávila, Segovia y Zamora).
Sobre auditoría medioambiental, diez ayuntamientos han realizado un diagnóstico y ocho han establecido un plan de acción ambiental. Hay 4 capitales de provincia que no han realizado diagnóstico ni plan de acción (Ávila, Salamanca, Segovia y Zamora).
El presidente ha destacado la necesidad de establecer principios e intenciones básicas que orienten la actividad de la entidad local, configurándose como un paso previo a la implantación de un sistema de gestión.
Sin embargo, solo seis ayuntamientos (Ponferrada, Palencia, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Soria y Valladolid) tienen una política medioambiental aprobada y de ellos sólo tres (Ponferrada, Salamanca y Valladolid), además de León y Astorga, cuentan con un sistema de gestión medioambiental en su organización interna, si bien no para toda la entidad sino únicamente para determinadas áreas. Por ello, abordar estas políticas es otra importante recomendación.
Se anima también por parte del Consejo a ampliar las bonificaciones fiscales en tributos municipales para actividades que sean respetuosas con el medio ambiente, un ámbito en el que todos los ayuntamientos tienen medidas, y en el que se ha destacado a Valladolid y Burgos.
DEBATE SOBRE LOS DATOS ECONÓMICOS
Sobre los programas presupuestarios e indicadores medioambientales, el gasto declarado por los ayuntamientos en materia medioambiental asciende a 61 millones de euros, pero Mario Amilivia ha matizado que es posible que la cifra real sea superior ya que la mayoría de ayuntamientos no realiza la identificación adecuada de los gastos.
De hecho, Amilivia ha enfatizado que este hecho "pone en evidencia que puede haber ayuntamientos que se les llena la boca hablando de medio ambiente pero ni siquiera saben identificar el gasto que han hecho".
En este sentido, el portavoz del Grupo Popular, Salvador Cruz, ha reclamado que este informe debería utilizar un sistema de fiscalización más homogéneo para que los datos fueran más fiables y no limitarse a admitir información "de parte" de los propios ayuntamientos ya que ello "da lugar a distorsiones puntuales" como que de esos 61 millones, 47 correspondieran a gasto del Ayuntamiento de Valladolid y otros como León o Burgos tengan cifras "mínimas".
FINANCIACIÓN LOCAL
La portavoz socialista, Rosa María Rubio, que ha aprovechado el debate para reclamar a la Junta una política adecuada de lucha contra la despoblación debido al hecho de que los 23 ayuntamientos de más de 10.000 habitantes reúnen al 56% de la población de la región, ha apostillado que quizás el próximo informe del Consejo debería fiscalizar las políticas de financiación local de la Junta.
Otras recomendaciones han sido extender a toda la contratación municipal los criterios por los que se favorece a empresas y prestadores de servicios que tienen en cuenta la sostenibilidad medioambiental.
El presidente ha explicado que con la de este jueves ha comparecido cuatro veces en los ocho meses que lleva en el cargo y ha presentado ya 14 informes, mientras que tiene pendientes de traer a las Cortes otros 13 ya realizados y once más de fiscalización del año 2019, además del de fiscalización de la contabilidad de las elecciones autonómicas.
