CyL amplia a 184 los sectores que podrán pedir desde mañana ayudas directas

VALLADOLID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Castilla y León ha decidido ampliar en 89 los sectores económicos que se podrán beneficiar de las ayudas directas para autónomos y empresas afectados por el impacto del coronavirus que se podrán solicitar desde mañana, jueves 20 de mayo, y hasta el próximo día 6 de julio, con el compromiso de la Junta de resolver los expedientes a medida que vayan llegando para que el dinero llegue cuanto antes.

Las ayudas se resolverán por orden conforme a la fecha en la que el expediente esté completo y el plazo máximo para resolver y notificar la resolución se ha fijado en el 31 de diciembre de 2021.

Esta es una de las principales novedades de las ayudas directas articuladadas por la Junta de Castilla y León, la segunda comunidad autónoma, tras Madrid, que convoca las ayudas con cargo al Real Decreto-Ley 5/2021, un total de 232 millones de euros que se complementarán con crédito autónomo en el caso de que se agoten los "insuficientes" recursos del Estado, según ha asegurado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que, en una estimación "a priori" y "orientativa, no exhaustiva" ha cifrado en 70.000 los posibles solicitantes.

La Junta de Castilla y León ha aplicado el margen de decisión propia en el desarrollo de este Real Decreto para aumentar de 95 a 184 los sectores de la actividad económica susceptibles de llegar a las ayudas directas, "algunos muy olvidados" por el Gobierno, ha lamentado el consejero, que ha citado a modo de ejemplo la "exclusión inexplicable" de las academias de enseñanza e idiomas.

En total, la Junta ha añadido 37 actividades de comercio, quince del ámbito agrícola-ganadero, quince de turismo y cultura, seis de educación, cinco del ámbito sanitario, ocho del área de servicios sociales y tres de otros servicios entre las que se encuentran explotaciones de ganado bovino, ovino, caprino, porcino y equino y la avicultura o sectores como la elaboración de vinos y la fabricación de cerveza, quesos, pan, productos cárnicos.

A estas actividades se unen las de reparación de vehículos y repuestos, flores y plantas, frutas, lácteos, textiles o comercio de aparatos electrodomésticos y las actividades de producción cinematográfica, vídeo y televisión; la distribución de programas de televisión; actividades hospitalarias, de medicina general y especializada; las peluquerías, transportes de mercancías por carretera; las autoescuelas o la creación artística y literaria, entre otras.

Según ha explicado el consejero, para añadir estas actividades se han tenido en cuenta diferentes criterios como la importancia del sector de actividad en la generación y mantenimiento de empleo en la Comunidad Autónoma, la importancia dentro de la cadena de valor de la actividad en la que está enmarcado y la afectación directa e indirecta de los efectos de la pandemia y de las medidas sanitarias sobre la actividad de los sectores propuestos desde el mes de marzo de 2020.

Otros criterios han sido la reducción de la facturación en el sector de forma significativa y los efectos de la misma en la estructura de costes del sector, así como la necesidad de acceso a liquidez para sostener la actividad y el empleo en cada sector o el efecto arrastre sobre otros sectores.

En ese margen de decisión propia, el Gobierno de Castilla y León también ha decidido llegar "al máximo" en el límite de ayudas para el colectivo de pequeños autónomos, empresarios y profesionales, con hasta 3.000 euros para los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva de tributación por módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En el caso de empresarios y profesionales en régimen de estimación directa el importe inicial será de 4.000 euros, "sin perjuicio de que se pueda incrementar si hubiera crédito disponible y de forma proporcional a la caída del volumen de operaciones de 2020", para lo que la Agencia Tributaria tendrá que acreditar una caída de la actividad del 30 por ciento.

Las ayudas se emplearán para satisfacer la deuda y para realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, para mejorar el conjunto de la cadena de valor, y para costes fijos que hayan tenido los autónomos y empresas, "primando la reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando las deudas se hayan devengado a partir de 1 de marzo de 2020 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2021".

El consejero ha aclarado al respecto que estas subvenciones están destinadas a conservar la actividad de las empresas y de los negocios y no a cerrarlos por lo que se han fijado como requisitoos mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022, no repartir dividendos durante 2021 y 2022 y no aprobar incrementos en las retribuciones de la alta dirección durante dos años desde la concesión de la ayuda.

Los beneficiarios de estas ayudas directas serán las empresas no financieras y autónomos con domicilio fiscal en Castilla y León que pertenezcan a los sectores definidos por el Decreto Ley y por la Junta y los grupos y empresas cuyo volumen de operaciones haya sido superior a 10 millones de euros en 2020 y desarrollen su actividad en más de un territorio autonómico o las entidades no residentes no financieras que operen en España a través de establecimiento permanente.

También se pueden beneficiar los grupos, empresarios, profesionales o entidades cuyo volumen de operaciones en 2020 haya sido superior a 10 millones y desarrollen su actividad en otros territorios podrán participar de las convocatorias que allí se convoquen.

Finalmente, Fernández Carriedo ha destacado que se ha articulado un procedimiento "ágil y simplificado" y con "la menor carga burocrática para los solicitantes" para lo que se usará "siempre que sea posible" la fórmula de la declaración responsable "y sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa", lo que obligará a devolver los importes en el caso de no cumplir las exigencias previas. En todo el procedimiento será obligatoria la tramitación electrónica.