Defensa de la Competencia insta a sancionar a los empresarios de panadería de Ávila por subir los precios en 2007

Actualizado: miércoles, 5 agosto 2009 16:12

ÁVILA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León ha incoado expediente sancionador a la Asociación de Empresarios de Panadería de Ávila-Ceopan por considerar que practicó, al subir el precio del pan de común acuerdo en 2007, "prácticas restrictivas de la competencia", e insta a la Junta a abrir un expediente sancionador.

Según informó hoy el presidente de la Unión de Consumidores de Ávila Antonio San Román, la organización denunció el 29 de octubre de 2009 el incremento del precio que se produjo una "subida generalizada" por parte de todas las empresas a comienzos de ese mes, de 10 céntimos de euros para las barras de 200 y 250 gramos.

"Es llamativo que las actuaciones de las empresas se hayan producido tan parecidamente en un espacio de tiempo tan condensado", indicó el Tribunal que, tras destacar que este hecho es considerado como una "infracción" por la Ley de Defensa de la Competencia, señaló que el Servicio de Defensa de la Competencia de la Consejería de Economía de la Junta instruyó un expediente de información reservada, que motivó inspecciones a distintos establecimientos.

Así se ha puesto de relieve que si bien "no hay constancia escrita" del incremento de precios, el tribunal considera que fue "una decisión adoptada, al menos, verbalmente" o en "una conducta conscientemente paralela seguida" por los fabricantes.

El Tribunal de Defensa de la Competencia analizó también el precio de la harina, punto en el que señaló que "en fechas inmediatamente anteriores", entre octubre de 2006 a agosto de 2007, se produjo un incremento en su precio que "no consta que se trasladara, correlativamente y en un tiempo prudencial", ya que "esperaron a octubre para hacerlo de forma generalizada".

Según el presidente de la Unión de Consumidores, la resolución del expediente puede tardar hasta año y medio, pudiendo imponer la Junta una multa de entre 500.000 y 10 millones de euros.