La defensa del dueño de la funeraria Grupo El Salvador presenta nueva solicitud de libertad

Publicado 05/04/2019 19:47:51CET

VALLADOLID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Ignacio M.A, propietario de la funeraria Grupo El Salvador, ha presentado nueva solicitud ante el Juzgado de Instrucción número 6 para la puesta en libertad del empresario, en prisión desde finales de enero tras explotar la policía la denominada 'Operación Ignis' sobre el supuesto 'cambiazo' de ataúdes antes del proceso de cremación.

Su defensor entiende que con el informe pericial aportado por las empresas de El Grupo el Salvador sobre la existencia de un stock y volumen de compra de ataúdes adecuado a la normalidad del negocio, quedarían "tremendamente debilitados los indicios policiales y desacreditada la versión de Justo Martín", el extrabajador que destapó el supuesto escándalo, según el escrito remitido por el bufete de Guillermo Ruiz Blay recogido por Europa Press.

A ello añade la defensa el estado de salud del encarcelado, que se encuentra aquejado de una grave enfermedad, por lo que dicha circunstancia y su edad, a su juicio, hacen aconsejable el fin de la medida de prisión provisional, comunicada y sin fianza. "Este ultimo punto nos lleva a determinar que de haber un juicio y una hipotética condena, no llegaría a ingresar en prisión pues el pronóstico clínico es desfavorable y su edad avanzada", apostillan las mismas fuentes, que confían en que su solicitud "sea atendida con prontitud por las razones de humanidad y urgencia del caso".

EL PADRE, EL ÚNICO EN PRISIÓN

Así, Ignacio M.A es el único que permanece preso desde que los hechos presuntamente delictivos fueran destapados el 31 de enero, mientras que su hija recuperó la libertad tras prestar fianza hipotecaria por valor de 200.000 euros y su hermano, con posterioridad, tras hacer lo propio con una garantía por importe de 800.000 euros.

Los tres están siendo investigados, junto a otras 22 personas, en una causa abierta por delitos continuados de estafa y falsedad, delito contra la hacienda pública, blanqueo y organización criminal.

Se trata de una calificación jurídica genérica y provisional. Las diligencias que practique el Juzgado de Instrucción 6 permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos.

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