Defensas en la 'Almendro' ven nulos los 'pinchazos' telefónicos, registros y balizamiento de un coche

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las defensas de los presuntos 'narcos' detenidos en Valladolid, Madrid y Zamora en el marco de la 'Operación Almendro' en mayo de 2004 han invocado ante la Audiencia vallisoletana, en la primera jornada del juicio, la nulidad de los 'pinchazos' telefónicos practicados a sus clientes, así como de algún registro y el balizamiento del vehículo de una de las encausadas, cuestiones que, sin embargo, no serán resueltas por el tribunal hasta el momento de dictar sentencia.

Las alegaciones, recogidas por Europa Press, las han planteado los defensores durante la primera de las jornadas del juicio que se sigue hasta el viernes en la Sección Cuarta de lo Penal, donde de la lista inicial de diez encausados se han 'caído' finalmente dos de ellos, Martín I.G. y Valentín C.P, el primero al no haber podido ser citado al juicio--el tribunal ha dictado contra él orden de busca y captura--y el segundo porque ni siquiera recibió la comunicación del auto de apertura del juicio oral. Ambos serán juzgados aparte una vez puedan ser citados.

En el caso de los otros ocho acusados, José Ignacio S.C, Tamara G.T, Jesús C.M, Javier M.D, Martín I.G, Alberto G.A, Kevin D.S.P y Enrique S.S, este último había llegado a un acuerdo con el fiscal del caso para asumir una condena de seis años de cárcel, en lugar de siete años y tres meses, si bien el tribunal ha decidido no aceptar dicha conformidad--la tendrá en cuenta a la hora de dictar sentencia--y le ha obligado a seguir compartiendo banquillo al entender que ese pacto pudiera afectar a los intereses del resto de los encausados.

Para las defensa, el proceso nace viciado con motivo de las nulidades, a su juicio, de las escuchas telefónicas practicadas en el curso de la investigación, así como por el registro "irregular" de un domicilio en Madrid sin la presencia de su titular, Tamara G.T, quien vivía por aquel entonces a caballo entre la capital de España y Madrid, además del balizamiento, también supuestamente injustificado, de su automóvil basado en "meras sospechas policiales".

Al margen de estas alegaciones, que serán resueltas en ejecución de sentencia, la jornada se ha centrado igualmente en la toma de declaración a los agentes de la Policía Nacional que participaron en las pesquisas y detención de los acusados, que no han testificado este miércoles al haber solicitado posponer dicho trámite al día de mañana.

Así, el instructor de las diligencias y persona que coordinó la investigación que ha conferido a Javier M. ('Mota') el papel de "líder" de la banda, mientras que a Tamara G.T. le ha asignado la función de "taxista" y de Martín I--se encuentra en busca y captura--ha dicho que es "la persona que se encargaba de los temas violentos", y todos ellos "compinchados" con el resto de los ocupantes del banquillo, "cada uno con una tarea concreta asignada", de ahí que el funcionario policial no haya dudado a la hora de definirles como "un grupo muy afín que cumplía todos los requisitos de una organización criminal".

A los acusados se les imputan delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas, con las peticiones más duras para José Ignacio S.C. y Tamara G.T, que se exponen, respectivamente, a diez años y tres meses de cárcel y 70.000 euros de multa y a nueve años y nueve meses y e idéntica multa. Además, la acusación pública pide seis años para Enrique S.S--antes solicitaba para él siete años y tres meses--; cuatro años y tres meses de prisión y multa de 2.000 euros a Verónica C.G, así como condenas de ocho años y seis meses de cárcel y multas de 70.000 euros para el resto de acusados, Jesús C.M, Javier M.D, Alberto G.A. y Kevin D.S.P.

Las operación 'Almendro' culminó el 24 de mayo de 2024 con la realización de distintos registros tras una investigación efectuada durante meses y que se centró en Tamara G.T, de la que se sospechaba que, al menos desde enero de 2024, se venía dedicando a la compra y posterior venta de sustancias que adquiría en Madrid, donde tenía domicilio, con la colaboración del resto de encausados, con papel especialmente relevante también de Jesús C.M, alias 'Nolo', y de Javier M ('Mota').

Según la tesis de la Fiscalía, Tamara se había concertado con ellos, a través de llamadas telefónicas y reuniones, para proveerse de droga que luego era trasladada por ella hasta la localidad de Laguna de Duero (Valladolid), donde disponía de un trastero. En dicha labor, contaba, supuestamente, con la colaboración de la también acusada Verónica C, quien se encargaba de la venta de sustancias por delegación de la anterior cuando se hallaba ausente.

TRASTERO CON UNA CÁMARA DE VIGILANCIA El citado trastero, tal y como ha desvelado el instructor de las diligencias, contaba con una cámara de vigilancia que se hallaba directamente conectada al teléfono móvil de Tamara, quien, presuntamente, gran parte de las sustancias que adquiría en Madrid las vendía luego, presuntamente, al igualmente acusado confeso Enrique S.S, con domicilio en Morales de Toro (Zamora), para luego hacer este último lo propio con otros clientes.

Finalmente, el 23 mayo de 2024 se detuvo en Madrid a la mayor parte de los acusados relacionados y la operación continuó el 24 con la detención de tres personas más, dos mujeres en Valladolid, Tamara y Verónica, y del vecino de Morales de Toro Enrique S. Ese mismo día se procedió al registro de los trasteros ubicados en Madrid y en Laguna y de sendos domicilios en Madrid y Zamora, donde se intervinieron 492 gramos de hachís, 681,5 gramos de marihuana, 516 gramos de cocaína, 1.626, 9 gramos de Speed, 22,2 gramos de cristal, 17,3 gramos de MDMA, 8,2 gramos de éxtasis, 58,1 gramos de ketamina.

Se intervinieron también 11.500 gramos de una sustancia para la fabricación de metanfetamina, dos garrafas con 40 litros de Metyloamina que es un precursor para Metanfetamina, una pistola eléctrica, una pistola de aire comprimido con perdigones y dos navajas. A esto se unen cinco coches y 4.830 euros, además de libros con anotaciones manuscritas y diversos útiles para la preparación de las sustancias estupefacientes.

La Policía Nacional concluyó además que el grupo criminal, tras la evaluación de lo intervenido, estaba en disposición de crear un laboratorio de metanfetamina.