VALLADOLID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Valladolid, procedieron los pasados días 13 y 14 de marzo a la detención de cuatro personas, tres varones y una mujer, integrantes de un grupo delincuencial, como presuntos responsables de varios delitos de estafa en la compra de vehículos.
Los detenidos fueron Ioan M., alias 'Bomba', nacido en Ezeris (Rumania), en 1957, y con domicilio en Valladolid; Mariana C., alias 'Gabi', nacida en Rumania, en 1977, con el mismo domicilio que el anterior; ambos se dedicaban a la captación de las víctimas.
Después fueron arrestados Roberto B.C., nacido en Thonon Bains (Francia) en 1977, con domicilio en Medina del Campo (Valladolid), y Ángel F.M., nacido en La Cistérniga (Valladolid) en 1953, con domicilio en el mismo municipio.
Se tuvo conocimiento de los hechos a través de diferentes denuncias policiales y judiciales que se interpusieron, y de las cuales el Grupo de Delincuencia Económica se hizo cargo, según informaron a Europa Press fuentes policiales.
Durante las investigaciones practicadas, se pudo averiguar de la existencia de un grupo de personas que mediante la utilización de identidades de otros ciudadanos, estaban comprando vehículos en concesionarios, y a su vez, vendiéndoselos a terceros de buena fe por debajo de su verdadero precio de mercado, alegando que eran vehículos de segunda mano o kilómetro cero.
Tras entrevistarse con varias de las personas cuyas identidades habían sido utilizadas para la compra de vehículos, a las cuales, las compañías financieras les exigían el pago de los coches, se averiguó que en realidad, estos habían facilitado documentación personal suya a cambio de una promesa de una vivienda y de otros bienes, coincidiendo en todos los casos, que estas personas tenían una situación económica precaria.
Además de conseguir documentación identificativa falsa, este grupo elaboraba nóminas falsas y certificados de ingresos irreales con la finalidad de asegurarse la compra del vehículo.
Posteriormente, la organización, contando con la colaboración de algún empleado del concesionario y de entidades financieras, y de hecho dos de los detenidos eran propietarios de un concesionario y gerente de una empresa de intermediación financiera, se hacían cargo del vehículo adquirido y lo vendían en el mercado de segunda mano a un precio inferior que el del concesionario.
Al actuar siguiendo este modus operandi, se producía un doble perjuicio: en primer lugar, para la víctima, que no ha llegado a tener la disponibilidad efectiva del bien y que además la entidad financiera le reclama el importe íntegro de la cantidad financiada, aparte de que la mencionada promesa de acceso a vivienda nunca se materializaba; y en segundo lugar, para la entidad financiera, que ve frustradas las posibilidades de recuperación del bien por estar en manos de terceros de buena fe y tampoco percibe las cantidades que devenga el préstamo financiero dado que los titulares del mismo son insolventes.
