SEGOVIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
Detractores de la autovía entre Segovia y la localidad de Santa María la Real de Nieva han solicitado a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que desista del proyecto, ya que éste conllevaría un "despilfarro" de 72,5 millones en tiempos de crisis, además de un gasto de 243.000 euros anuales para el mantenimiento de la vía.
En un comunicado recogido por Europa Press, han informado de que la Junta ha rechazado la construcción de la variante CL-605 en Santa María, una alternativa propuesta por las asociaciones Ecologistas en Acción, Centaurea, Ecológicos de Segovia y el Foro Social que en su opinión permitiría una circulación más fluida y segura, evitaría molestias a los vecinos y reduciría los tiempos de recorrido en el tramo Segovia-Arévalo.
Según indican, la CL-605, que une Segovia y Arévalo y atraviesa el casco urbano de Santa María La Real de Nieva, "provoca peligros e incomodidades a conductores y vecinos por el ruido y la contaminación" y ha sido escenario en los últimos años de varios atropellos mortales. Además, advierten de que el estrechamiento de la calzada hace imposible la circulación simultánea de vehículos en ambos sentidos.
Por ello, defienden una variante de circunvalación de Santa María, como fue incluida en el programa de modernización del Plan Regional de carreteras 2002-2007, con una inversión de 3,6 millones y una longitud de cuatro kilómetros.
Los detractores añaden que las intensidades de tráfico tampoco justifican el desdoblamiento, ya que el tramo que más vehículos soporta, el que comunica Segovia con el polígono Nicomedes García de Valverde, con una media de 8.203 vehículos diarios, no supera la cifra de entre 15.000 y 20.000 aconsejada por los manuales de Ingeniería de Caminos.
Asimismo, recuerdan que al coste estimado de 72,5 millones para la autovía hay que sumar el gasto por el mantenimiento, a razón de 18.000 euros por cada kilómetro, frente a los 9.000 que conllevaría una carretera de la red principal. "Nuestro flamante nuevo tramo nos costaría 243.000 euros extra cada año, una carga añadida al erario público, de carácter permanente, que engrosaría el cacareado déficit", critican.