La Diputación de Zamora considera "una propina" la aportación del Estado para paliar los efectos de las inundaciones

ZAMORA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora consideró hoy que la aportación realizada por el Estado para paliar los efectos de las inundaciones sufridas en los pueblos de la provincia durante el mes de mayo del año pasado ha sido "muy escasa".

Así lo puso de manifiesto el portavoz del equipo de gobierno, Tomás Vega, quien explicó que los daños generados en las infraestructuras propiedad de la institución provincial y de los nueve ayuntamientos que reclamaron los desperfectos ocasionados por la lluvia y el granizo se cifraron en 1,9 millones de euros.

Sin embargo, precisó en conferencia de prensa, la Administración Central sólo ha concedido 570.000 euros, lo que supone poco más del 28,5 por ciento de lo necesario, cuando su obligación, según el diputado popular, sería haber aportado el 50 por ciento de los daños.

Tomás Vega consideró que estos fondos aportados por el Estado son "poco más que una propina" y una manera de "cumplir sin gastar", lo que significa, añadió, que no se han atendido las necesidades de los pueblos como se manifestó en su momento.

Vega aseguró que muchos de los daños provocados por las lluvias y el granizo, sobre todo en caminos rurales y carreteras tendrán que quedarse necesariamente sin arreglar, porque no hay fondos suficientes para llevar a cabo las obras necesarias.

Por su parte la subdelegada del Gobierno en Zamora, Josefa Chicote, respondió poco después a las críticas realizadas por el representante de la Diputación de Zamora y señaló que son 14 y no nueve, como dijo Tomás Vega, los municipios que han solicitados ayudas por los daños de las inundaciones.

Además, aseguró que el Estado ha cumplido con sus compromisos, ya que el decreto ley por el que se aprobaron las ayudas por las inundaciones recoge, precisamente, que la aportación del Gobierno Central debe ser del 28,5 por cientos mientras el resto, hasta llegar al 50 por ciento mencionado, debía ser asumido por la Junta de Castilla y León y la propia Diputación.