EpC-El PSCL advierte de que la resolución no es definitiva y pide a la Junta que no aliente el incumplimiento de la Ley

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El procurador socialista Óscar Sánchez advirtió hoy de que la resolución del TSJCyL sobre la suspensión de la obligación de cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC) en Castilla y León es cautelar y, por lo tanto, no es definitiva e hizo un llamamiento a asociaciones y Gobierno regional para que no alienten el incumplimiento de la Ley, "que sigue en vigor".

De este modo se pronunció hoy Óscar Sánchez a preguntas de los periodistas sobre la decisión del TSJCyL de suspender cautelarmente la obligación de cursar Educación para la Ciudadanía en Castilla y León.

Tras insistir en que se trata de unas medidas cautelares adoptadas por el TSJCyL que "no prejuzgan la decisión que al final vaya a tomar sobre el fondo del asunto", el procurador socialista advirtió también de la "enorme divergencia" existente entre las resoluciones que han adoptado los tribunales superiores de Justicia en España, por lo que tendrá que ser el Tribunal Supremo el que zanje la cuestión, como prevé el ordenamiento jurídico.

Así, recordó que mientras los TSJ de Andalucía o Castilla y León han adoptado resoluciones amparando "un pretendido derecho a la objeción de conciencia" otros altos tribunales, como los de Asturias, Cataluña, Aragón o Baleares, han adoptado la solución contraria. "En estos momentos está pendiente de resolución un recurso de unificación de doctrina --por parte del TS-- para zanjar esta disputa de forma definitiva y obligatoria para todos los tribunales", añadió.

Según explicó Sánchez, el PSCL aboga en este asunto por que los tribunales amparen los derechos de los padres que cumplen con la ley ya que, según apuntó, las objeciones sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía afectan "a un número muy minoritario de padres".

Por todo ello, insistió en su llamamiento a la prudencia a todas las partes implicadas, entre las que citó a las asociaciones que han intervenido en este tema y a la Junta de Castilla y León, a los que pidió que no alienten determinadas actuaciones que en un periodo de tiempo podrían resultar invalidadas por el Tribunal Supremo. "Creemos que eso sería desde luego muchísimo más perjudicial para los intereses del sistema educativo", sentenció Sánchez, que recordó la necesidad de que los derechos de los españoles sean iguales en todo el territorio nacional.

Óscar Sánchez matizó también que la Ley para cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía sigue en vigor por lo que se tiene que aplicar. "Lo único que se reconoce con carácter cautelar, y hasta que haya una resolución definitiva, es el derecho de las personas que han recurrido, pero la Ley no se puede paralizar", sentenció el procurador.

Respecto a la decisión de la Consejería de Educación de no recurrir el auto del TSJCyL, Sánchez fue tajante y aseguró que el PSCL no comparte esta postura si bien insistió en su convencimiento de que, en cualquier caso, es posible que la decisión el Tribunal Supremo se produzca antes de que el alto tribunal castellanoleonés adopte una sentencia definitiva.