La ex del jefe de la banda de 'narcos' confiesa que vendía "puntualmente" bajo amenaza y guantazos de su pareja

VALLADOLID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La que fuera esposa del principal encausado en la operación contra el tráfico de drogas desplegada en 2020 en Castilla y León y Cantabria, M.R.A, ha confesado este martes haber colaborado "puntualmente" con su marido en la venta de sustancias estupefacientes pero siempre bajo amenazas hacia ella y sus hijos e incluso tras recibir algún "guantazo".

Después de que en la primera jornada del juicio un total de dieciséis encausados llegara a una sentencia de conformidad con el fiscal del caso, entre ellos el aludido, J.R.M.F, condenado ya a seis años y medio de cárcel, la reanudación de la vista este martes con la otra decena de presuntos 'narcos' ha tenido como una de las declaraciones más llamativas la protagonizada por la que fuera su mujer, quien ha relatado que se vio obligada a vender droga ante el intenso "miedo" que tenía a su pareja.

"Yo no quería, me negaba, pero era imposible porque me amenazaba verbalmente no solo a mi sino también a mis hijos e incluso en alguna ocasión me llegó a dar algún guantazo", ha apuntado la también acusada en una declaración en la que ha insistido en que su intervención en la actividad de su marido fue "puntual, esporádica" obligada por un hombre que al caer en el consumo de drogas "cambió radicalmente su forma de ser" y empezó a maltratarla.

Asimismo, la acusada, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apuntado que ni siquiera conocía que su marido pudiera estar vendiendo droga en niveles como los que luego descubrió con motivo de un registro efectuado en el domicilio familiar, en Villanueva de Duero (Valladolid), donde la policía se incautó de cocaína por valor de 38.674 euros y de 4.489 euros en hachís, parte de tales sustancias "incluso en la habitación de los niños".

M.R.A. da por buenas las conversaciones incriminatorias que la policía obtuvo contra su persona en siete 'pinchazos' telefónicos en los que se constata la venta de drogas pero rechaza la elevada pena privativa de libertad que el fiscal solicita para ella, en concreto seis años, amparada en que actuó bajo coacción y en que hoy mantiene a sus pequeños con los 1.100 euros que percibe por su trabajo como oficial de segunda en una fábrica de conservas de la capital vallisoletana.