Exalumnos de la Escte mantienen que los Altés les ocultaron que su título no estaba validado por Gales

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Exalumnos de la Escuela Superior de Ciencias y Técnicas de la Empresa S.A. personados en la causa que se sigue en la Audiencia de Valladolid contra el administrador único y gerente de la misma, Ángel Altés Bustelo y su hija Ana María, respectivamente, acusados de un delito de estafa, han ratificado hoy sentirse "engañados" por ambos tras comprobar que el título de Gestión y Administración de Empresas en el que se habían matriculado no estaba reconocido por la Universidad de Gales, pese a que los anuncios en prensa e Internet que la Escte había publicitado así lo atestiguaban.

Las supuestas víctimas de los dos acusados--figuran como acusadores particulares diecisiete exalumnos de dicha titulación--han relatado uno tras otro cómo acudieron a la Escte al reclamo de esa publicidad según la cual al término de cuatro cursos obtendrían dos títulos, uno privado de la propia escuela y otro de Bachelor in Bussiness Administration, este último validado por la institución académica galesa.

"De haber sabido que no era cierto no me habría matriculado, ya que lo único que quería era un título reconocido a nivel europeo", ha advertido uno de los testigos, quien, al igual que el resto de excompañeros, ha manifestado que en la primera entrevista mantenida con Ángel Altés éste en ningún momento le informó de que la validación del título estaba en tramitación.

El hecho de que al inscribirse se les obligaba a pagar dos matrículas, una por el título que otorgaba la Escte y otra por la supuesta titulación que concedía la Universidad de Gales; el carné que recibían con el anagrama de la institución académica galesa, e incluso la comunicación de que los exámenes que realizaban eran traducidos a inglés y remitidos acto seguido al centro británico hicieron pensar a los alumnos que todo estaba en regla, hasta que en 2005 comenzó el "run run" entre compañeros de otros cursos superiores de que el ansiado título no tenía validación alguna.

Ante la incertidumbre generada, los testigos han coincidido al señalar que a través del hermano de uno de ellos que dominaba perfectamente el inglés se pusieron en contacto telefónico con un responsable de la Universidad de Gales, quien les indicó que tres titulaciones de la Escte sí tenían el respaldo oficial de la institución pero que con respecto a la de Gestión de Empresas se habían hecho unas iniciales gestiones dos años antes y desde entonces no se habían retomado.

"Nos dijeron que nuestra carrera no estaba validada ni lo iba a estar en el futuro. Lo único que sé es que durante dos años había estado engañado y me sigo sintiendo engañado", ha apuntado uno de los exalumnos. Éstos, ante tal descubrimiento, optaron entonces por entrevistarse con Ángel Altés para pedirle explicaciones y éste, tal y como han asegurado todos los afectados, no les aclaró absolutamente nada.

ASIGNATURAS CONVALIDADAS "PAGANDO"

Buena parte de los afectados tuvieron que matricularse en otras escuelas de Santander y Madrid, donde les fueron convalidadas la mayoría de las asignaturas cursadas en Valladolid y en las que lograron finalmente un título de reconocimiento internacional.

Eso sí, quienes optaron por la vía de terminar la carrera en otros centros han advertido de los perjuicios económicos que ello supuso, ya que esa convalidación de asignaturas se consiguió "pagando", a lo que añaden el coste por el desplazamiento a otras ciudades y los gastos de alojamiento hasta la conclusión de la carrera.

El juicio entrará mañana en su tercera jornada. Con carácter provisional, la Fiscalía de Valladolid considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y solicita para cada uno de los encausados una pena de cinco años de cárcel, multas de 6.120 euros y el pago de indemnizaciones por valor global de 214.780 euros, además de otras cantidades que habrán de acreditarse en ejecución de sentencia.

En la causa también se encuentran personadas tres acusaciones particulares en representación de diecisiete exalumnos. Uno de los abogados, que representa a once de los afectados, solicita para Ángel Altés seis años de cárcel y dos años para su hija, además de indemnizaciones por importe de 536.000 euros, dado el grave perjuicio creado a los denunciantes por el tiempo perdido de formación en años tan decisivos para la misma.

Los acusadores aplican como agravante el hecho de que la defraudación se ha cometido sobre un bien de reconocida utilidad social (la educación), así como en orden a los múltiples perjudicados.