MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para destinar 14,7 millones de euros a las comunidades autónomas para financiar actividades para la mejora y difusión de la Formación Profesional (FP). Asimismo, se ha aprobado otra partida de 5,6 millones de euros a distribuir entre las comunidades para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales.
De esta manera, en el acuerdo se formalizan los criterios de distribución a las comunidades autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante, de los créditos para el año 2013 para financiar actividades para la mejora y difusión de la Formación Profesional y para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales, por importe total de 20,3 millones de euros.
El crédito aprobado da cumplimiento y continuidad al tercer bloque del Plan Estratégico de la Formación Profesional, de los programas de cooperación territorial 2010-2011, destinados a Comunidades Autónomas para el impulso de la Formación Profesional.
En base a dicho precepto, las aplicaciones presupuestarias correspondientes consignan la cantidad de 5,6 millones de euros para el año 2013 a actuaciones destinadas a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales, y la cantidad de 14,7 millones de euros a actuaciones para el desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional y para la mejora y difusión de la Formación Profesional.
A la hora de distribuir los fondos para la mejora de la FP se tuvo en cuenta el número de alumnos matriculados en FP, incluyendo los Programas de Cualificación Profesional Inicial, el número de personas de 16 a 29 años en búsqueda de empleo, la dispersión geográfica de las Administraciones Públicas, el número de personas de cualquier edad sin estudios profesionalizantes y la dispersión de la población activa.
Mientras, la distribución de los fondos destinados a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales se tuvo en cuenta el número de personas en búsqueda de empleo sin estudios profesionalizantes, las personas en búsqueda de empleo de entre 30 y 64 años de edad, la dispersión geográfica de las Administraciones Públicas y la dispersión de población activa.
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