Los Grupos coinciden en pedir una financiación suficiente, con niveles similares y que haga frente al gasto

VALLADOLID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León han aprobado por unanimidad una resolución en la que coinciden en defender un sistema de financiación autonómica que, además de las características de la Región recogidas en el Estatuto, sea suficiente para hacer frente a los gastos de las comunidades, con niveles similares para estas y en el que se fijen las necesidades de financiación en función de las de gasto, al tiempo que atienda a cuestiones como la Dependencia o la reforma de la administración local.

La resolución, que ha contado con el apoyo de los tres grupos parlamentarios y se ha presentado en el marco del Debate de Política General, insta a la Junta a "enfocar" la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica mediante diversas premisas, además de las propias recogidas en el Estatuto de Autonomía como la superficie, la dispersión, la baja densidad o el envejecimiento de la población.

De esta forma, se considera que el nuevo sistema debe ser resultado de un consenso "multilateral" en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y potenciarse el principio de "suficiencia" de forma que se garantice que las comunidades autónomas dispongan de los recursos suficientes para financiar "el total de los servicios que prestan".

Asimismo, la resolución recoge que debe garantizarse la prestación de niveles similares de servicios públicos en todo el territorio español y fijar las necesidades de financiación atendiendo a las necesidades "reales" de gasto de los servicios públicos.

Los grupos consideran que el nuevo modelo debe incluir la financiación de la Dependencia, así como el coste de financiar las competencias derivadas de la asunción de servicios como consecuencia de la futura Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

También se ha acordado defender que se potencien mecanismos de solidaridad, en concreto el Fondo de Compensación Interterritorial, mediante una "adecuada" dotación presupuestaria y una reforma de los elementos de reparto, que atienda a la corrección de los desequilibrios territoriales.

Finalmente, los grupos han acordado pedir que el sistema se dote de mayores recursos, con la "cláusula de garantía" del "status quo" y garantizar, "en la práctica", el principio de "lealtad institucional".