Hernández pide un 'Acuerdo de Comunidad' con horizonte 2020 sobre políticas presupuestarias y de fiscalidad

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de CC.OO en Castilla y León, Ángel Hernández, se ha dirigido hoy a la Junta para reclamar un 'Acuerdo de Comunidad', con un horizonte fijado en 2020, a fin de consensuar políticas de fiscalidad y de carácter presupuestario para lograr el crecimiento económico en la Comunidad.

La propuesta parte del convencimiento de que el proyecto de Presupuestos Generales presentados por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para 2015 "consolidan las políticas de recortes y no sirven para impulsar el dinamismo económico cuyo principal objetivo es la creación de empleo", y todo ello, en palabras del secretario regional de Estudios de CC.OO, Carlos Castedo, partiendo del "excesivo optimismo" del Ejecutivo regional a la hora de cifrar en más del 2% del PIB el crecimiento de la economía regional para el próximo año.

Por ello, en el análisis de dichas cuentas de la Junta, el líder regional de CC.OO, Ángel Hernández, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha defendido la consecución de un 'Acuerdo de Comunidad' con el objetivo de garantizar unos porcentajes de inversión sobre el Producto Interior Bruto (PIB) regional para, por un lado, dinamizar progresivamente la economía y, por otro, "recuperar los servicios perdidos o recortados en la Comunidad durante estos últimos ocho años de crisis".

REBAJA DE IMPUESTOS ERRÓNEA

CC.OO. a través de Hernández y de Castedo, ha mostrado además su frontal rechazo a una de las principales novedades anunciadas este martes por Herrera, la rebaja de impuestos, por entenderla errónea ya que, a su juicio, supondrá una merma en la recaudación que afectará gravemente a las políticas públicas, dirigidas fundamentalmente a la generación de empleo y a garantizar la igualdad.

En este sentido, ambos sindicalistas consideran que la rebaja propuesta en el tramo autonómico del IRPF no tendrá efecto alguno en las rentas más bajas--las de 10.000 euros de ingresos anuales--ya que estos contribuyentes no están obligados a declarar y tan sólo beneficia en parte a las de 15.000 euros al año. Así, CC.OO plantea una reforma con efectos progresivos para que paguen más las rentas por encima de los 25.000 y 30.000 euros.

Pero además, el sindicato propone un modelo de fiscalidad distinto al de la Junta con una rebaja del IVA en los tramos más bajos para los productos de la cesta de la compra, un impuesto de sociedades diferente y una eliminación de las bonificaciones fiscales, entre otras medidas, al entender que la reforma del Ejecutivo autonómico es, en palabras de Castedo, tan sólo un "parche que no aprovecha el actual crecimiento económico para recaudar un poquito más para superar las situaciones de desigualdad entre las rentas más bajas y las más altas".

En esta misma línea, Hernández ha advertido a Herrera de que "cuando habla de poner dinero en los bolsillos de los ciudadanos, una medida muy factible hubiera sido además la actualización salarial de los empleados públicos de Castilla y León".

"MALA PRAXIS PRESUPUESTARIA"

En su análisis de los PGC, el dirigente de CC.OO se ha centrado igualmente en su crítica a las enormes diferencias que año tras año se producen entre lo que inicialmente se presupuesta para conciertos educativos y lo finalmente ejecutado, tras observar desviaciones en 2012 y 2013 de 35 y 80 millones, respectivamente.

"Estamos muy preocupados tras constatar que lo que se presupuesta es infinitamente inferior a lo que se ejecuta, lo que es una mala praxis presupuestaria, es un no jugar limpio", ha sentenciado.

En el capítulo de críticas ha incluido su "sorpresa" tras observar el intento del Gobierno regional de incrementar el copago de los servicios sociales mediante una disposición final con la que se pretende sustituir el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) como índice sobre el que realizar los cálculos para determinar las tasas del copago.

Así, Hernández denuncia un intento de cambiar las reglas de juego pactadas con el establecimiento de un nuevo indicador calculado en función del incremento de las pensiones, que, a su juicio, supondrá un aumento del copago en servicios como la ayuda a domicilio.

Por ello, amén de mostrar su frontal oposición, se ha dirigido igualmente a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, para solicitar la máxima celeridad a la hora de tramitar los expedientes de las ayudas a los más necesitados y, al tiempo, para pedirle la retirada de las penalizaciones adicionales del 15 por ciento en casos de cuidadores informales y que fueron pactadas con la patronal y las ONG.