Igea reivindica la reforma de la LORSERGO para la creación de las áreas funcionales rurales

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, de Ciudadanos, ha reivindicado la reforma de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León (LORSERGO), actualmente en tramitación en las Cortes, para la creación de las áreas funcionales rurales.

Según ha explicado en su comparecencia este viernes en la Comisión de Economía y Hacienda en la que ha presentado el proyecto de presupuestos de su departamento para 2022, que la creación de tales áreas se basa en "dos principios fundamentales", la flexibilización y la participación activa.

El consejero ha defendido que la creación de estas áreas hará más sencilla la constitución de las áreas funcionales rurales lo que se traduce, ha explicado a modo de ejemplo, en que los "actuales requisitos rígidos" para su constitución se convertirán en criterios para lo que será suficiente que se den algunos de ellos, "no todos", para que pueda constituirse el área funcional.

También ha destacado que el proceso de elaboración del mapa de las
áreas funcionales rurales se desarrollará "de abajo a arriba" para que sean las administraciones locales y la sociedad civil, "quienes están sobre el territorio", los que determinen la mejor configuración de espacio geográfico en el que deben prestarse los servicios públicos autonómicos.

Igea ha zanjado este asunto con la mención a la partida
presupuestaria de 90.000 euros destinada a la realización de los estudios de zonificación establecidos en la Ley para impulsar y facilitar la creación de las áreas.

Por otro lado, el consejero ha presentado a la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno como una sección que asume "buena parte del protagonismo" en el reto de implantar "una verdadera cultura de la transparencia en la Administración autonómica" para lo que ya se ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y su Reutilización que contempla como principal novedad la inclusión de las entidades locales en su ámbito de aplicación, "teniendo en cuenta la realidad de los muchos pequeños ayuntamientos".

"Seremos la primera Comunidad que va a prever un tratamiento
especial de las entidades locales pequeñas y medianas de población inferior a 5.000 habitantes, para situarlas en condiciones óptimas de cumplir con las exigencias mínimas a las que toda Administración se encuentra obligada en este ámbito", ha reivindicado el consejero que ha recordado que ya se está desarrollando un portal de transparencia para las entidades locales de la Comunidad que se pondrá a disposición de forma gratuita de cualquier entidad local de la Comunidad.

En materia de publicidad activa, el consejero ha significado que la futura ley "amplía ostensiblemente" las obligaciones de publicar contenidos, información y datos y ha recordado que para el control y seguimiento de esta publicidad prevé la aprobación de un catálogo de información pública, iniciativa llevada a cabo en mayo desde cuando se trabaja "a buen ritmo" en la incorporación progresiva de todos los contenidos y compromisos de publicidad activa que las consejerías han incluido en el catálogo.

Respecto a otras de las "competencias estratégicas" de su Consejería, la atención al ciudadano, ha abogado por un modelo de atención al ciudadano multicanal a través de "tres pilares esenciales", en referencia al teléfono 012, a la sede electrónica y a la red de oficinas de asistencia al ciudadano en materia de registros. Los recursos destinados a este modelo se incrementan en torno a 100.000 euros y el presupuesto alcanzará los 3.604.983 euros.

En cuanto a la evaluación de las políticas públicas, ha informado de que su departamento está trabajando en el desarrollo de la arquitectura institucional a través de la futura Oficina de coordinación de evaluación de las políticas públicas como unidad impulsora de la
evaluación recomendada por la AiREF. Su labor será fomentar la formación y la evaluabilidad de las políticas públicas y coordinar las evaluaciones internas, así como los encargos externos a instituciones independientes.

El consejero ha explicado que a lo largo de 2022 está prevista la realización y entrega por valor de 214.390,80 euros de la revisión y evaluación de diferentes aspectos clave de las universidades
públicas de Castilla y León y la revisión de los gastos de la principal herramienta para financiar los diferentes retos planteados en la legislación y el Plan Director de Promoción Industrial, que es la "Lanzadera Financiera".

Según ha resumido al finalizar su comparecencia inicial, su objetivo es seguir avanzando en 2022 en la hoja de ruta emprendida al inicio de la legislatura en su apuesta por la regeneración democrática, por la transparencia institucional, por el reto demográfico y por ofrecer a Castilla y León "como un espacio de acogida y concordia".