Izquierda Unida reclama la dimisión de los tres, mientras el PSOE reclama al alcalde que cese a los ediles y, si no, se vaya él
El Grupo Socialista culpa directamente también a tres funcionarios municipales
VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los grupos Socialista y de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid se han opuesto a la propuesta de conclusiones de la comisión de investigación sobre la parcela de Finca Zambrana aprobada por el equipo de Gobierno ya que consideran que tanto el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, como los concejales de Seguridad y Movilidad, Manuel Sánchez; y Urbanismo y Vivienda, Cristina Vidal, han tenido "responsabilidad política" en la situación.
Como ha aseverado el presidente del Grupo Socialista y de la comisión de investigación, Óscar Puente, el equipo de Gobierno "vio venir" y "pudo haber evitado" un desarrollo de los acontecimientos que sitúa actualmente al Ayuntamiento en el "riesgo elevado" de tener que pagar casi 20 millones de euros por una parcela que "ni quería, ni necesitaba".
Las conclusiones de ambos grupos son bastante coincidentes, salvo en varios aspectos, como el modo de la exigencia de consecuencias políticas en el equipo de Gobierno. Así, mientras Izquierda Unida reclama directamente la dimisión tanto del alcalde como los dos ediles que se han encargado del área de Patrimonio en los últimos siete años; el PSOE exige al alcalde que cese a ambos o, en caso contrario, dimita él mismo.
Por otra parte, mientras el Grupo Socialista aborda las responsabilidades que atribuye a tres trabajadores que trabajan o han trabajado en los servicios municipales de Patrimonio y Urbanismo, Izquierda Unida prefiere no dilucidar esas cuestiones, ya que recuerda que la vocación de la comisión era tratar las "responsabilidades políticas".
Óscar Puente ha sido especialmente crítico con el papel en todo este proceso de los concejales Vidal y Sánchez, a quienes ha preguntado "dónde han estado y a qué se han dedicado" durante todo este tiempo pues considera que no han cumplido su cometido de "vigilar" la actuación de los trabajadores de sus áreas. "Si no hubiera habido concejales, el resultado habría sido el mismo", ha aventurado.
"SEIS AÑOS" PARA LA MODIFICACIÓN
El edil socialista ha recalcado que hubo "seis años" para haber iniciado una modificación del planeamiento urbanístico en la parcela, sin necesidad de contar con una propuesta de convenio por parte de los propietarios, ya que es en lo que se ha escudado el Grupo Popular. En cambio, el expediente se inició, firmado por el alcalde, "tarde mal y nunca" en abril de 2013.
También ha interpretado que la expropiación fue "una opción cierta" contemplada por los servicios municipales y se ha preguntado "por qué no se evitó", pues el consistorio no actuó "ni antes ni después" de que la comunidad de herederos recurrieran a la vía judicial para forzar la expropiación y a la Comisión Territorial de Valoración para que tasase la parcela.
Óscar Puente ha recalcado que el listado de omisiones de varios departamentos es "simplemente interminable" y ha responsabilizado al exdirector del área de Urbanismo, que ya no se encuentra en este cargo, de que no se iniciara en el momento oportuno la modificación del planeamiento. Al gerente de Urbanismo, David Santana, que ha recordad que ocupa un puesto "creado" por Cristina Vidal, de la "absoluta desidia" con la que se trató el expediente de modificación a partir de 2011.
Finalmente, ha considerado que "no hay calificativos" para la gestión de la directora del servicio de Patrimonio, quien considera que "ni contestó a las reclamaciones de expropiación, ni presentó alegaciones a la Comisión Territorial de Valoración, ni recurrió la tasación de la parcela".
Puente concluye que el listado de omisiones de estos departamentos es "simplemente interminable" y considera perfectamente identificados a los responsables de que el Ayuntamiento haya sido condenado al pago del justiprecio, quienes, señala, "no tramitaron a tiempo la modificación del planeamiento y quienes no actuaron en el expediente expropiatorio para evitar que se produjese".
CESES DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES
En definitiva, Puente ha subrayado que, en su opinión, "el Ayuntamiento, por medio de sus máximos responsables en materia urbanística y de patrimonio, no ha defendido sus intereses con la mínima diligencia exigible", por lo que pide también el "cese inmediato de la directora de Servicio de Patrimonio y del Gerente de Urbanismo, así como el de los concejales Sánchez y Vidal", o, en última instancia, en caso de no adoptarse las decisiones anteriores, "la dimisión del alcalde de Valladolid".
En relación al primer edil, su versión ha consistido "en sostener que, más allá de la primera reunión en su despacho por espacio de diez minutos en 2007, no volvió a tener conocimiento del asunto hasta finales de 2012, cuando ya llegan a la Junta de Gobierno las graves consecuencias de la inactividad municipal".
Por ello, considera que, si bien es obvio que a León de la Riva no puede atribuírsele responsabilidad alguna por acción ni en la toma de decisiones, "sí está clara su responsabilidad por omisión, puesto que no parece admisible que la metodología de trabajo de un alcalde consista en delegar un asunto y ni siquiera preguntar por su marcha durante 5 años".
El representante socialista ha ejemplificado que esta situación es "más propia de un ayuntamiento pequeñito, sin medios", y ha manifestado que ahora queda esperar a que concluya el trayecto de las conclusiones en el Pleno del próximo miércoles y a que se resuelva el recurso presentado por el Ayuntamiento a la sentencia que obliga a pagar casi 20 millones de euros a los propietarios.
Por su parte, el representante de IU en la comisión, Manuel Saravia, ha incidido en que, a la vista de los hechos, "se pudo haber hecho la modificación del planeamiento en poco tiempo, se pudo haber frenado la expropiación con una declaración formal y a tiempo de su improcedencia y se pudo haber recurrido el justiprecio aprobado por la Comisión Territorial de Valoración".
Sin embargo, esas gestiones no se han llevado a cabo por "la ineficacia del Área de Urbanismo en los últimos años; las malas prácticas en las relaciones con los administrados en urbanismo; y la ausencia de una idea clara de ciudad, adecuada al momento".
En cuanto a los responsables políticos, ha recalcado que consideran a León de la Riva como "el máximo responsable en último término de la situación" y ha comparado su situación con la del dirigente de una empresa con un presupuesto de "más de 200 millones de euros" que se encuentra en una situación de tener que pagar el 10 por ciento del mismo. "Sólo le quedaría dimitir o poner su cargo a disposición", ha aseverado.
"DESIDIA Y FALTA DE COMPROMISO"
Sobre Manuel Sánchez, ha reprochado su "desidia y falta de compromiso" que "excede el mínimo aceptable" y que "muestra un desconocimiento de muchos de los aspectos" que trataba su área en el momento en que se inició el litigio. Y sobre la concejal Vidal, han censurado su "descoordinación con lo manifestado por el alcalde" en lo referente a la información que recibía León de la Riva, el desaprovechamiento de los recursos de su área y la "incapacidad" para atender una situación "de riesgo" que finalmente ha acaecido.
El Grupo de Izquierda Unida ha incluido en su documento una serie de recomendaciones para mejorar el funcionamiento del urbanismo y evitar que se repita un caso como el Zambrana.
Saravia, por último, ha censurado la "absoluta ausencia de autocrítica" en el documento de conclusiones presentado por el PP y que será el que finalmente se apruebe e incluso ha disentido del supuesto acuerdo en el funcionamiento de la comisión, ya que ha destacado que, finalmente, el contenido de las actas no se facilitará ni a los medios de comunicación ni a través de la web municipal, como se acordó inicialmente.
