La Junta asegura que la anterior jefa de Fomento en León no participó en los expedientes de la empresa de su marido

LEÓN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández, aseguró hoy que la anterior jefa del servicio de Fomento de León, Ana Suárez, no participó en los expedientes de la empresa de su marido, Eursa Arquitectura S.L, de la que ambos son administradores solidarios.

Cabe recordar que Ana Suárez cesó de su cargo a raíz de la presunta implicación de responsables de la Junta en la concesión de licencias para la explotación de huertos solares, ante lo que Fernández, que hoy asistió en León a la concentración convocada por la FEMP contra el atentado perpetrado ayer por ETA en Santoña, aseguró que, según la información de la que dispone la Delegación Territorial, Suárez no ha tenido participación en "ninguno" de los expedientes y procedimientos en los que pudo tener algún interés su marido como arquitecto.

Asimismo, explicó que la Junta no contrató de manera directa a esa empresa "ni siquiera" al marido de Ana Suárez "a título profesional" salvo en una ocasión como consecuencia de una subvención a una Junta Vecinal.

"Detrás de los puestos de los funcionarios hay personas que han sufrido enormemente a lo largo de estos últimos días y hay reputaciones personales y profesionales que, una vez que se tocan, es muy difícil que se repongan. Tenemos todos una especial responsabilidad ahí", subrayó.

Además, señaló que aún no se ha recibido el resultado final de las informaciones reservadas de este proceso aunque "todo apunta" a que se aprecian indicios de algún tipo de responsabilidad disciplinaria o administrativa como consecuencia de la compatibilidad de los funcionarios que son investigados. "Cada caso es un mundo", apostilló.

Finalmente, afirmó que la Junta actúa en este proceso con "diligencia, transparencia" y conforme a la normativa a pesar de que los funcionarios afectados "tienen la sensación contraria" de que se les ha "criminalizado" de manera injusta, de modo que lo que puede ser una responsabilidad como consecuencia de la obligatoriedad de pedir compatibilidad "ha pasado a entenderse como un problema casi de corrupción".