VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado este jueves que en el caso de que, "en el peor de los casos", se anule el artículo del Estatuto que regula las competencias sobre la cuenca del Duero en la Comunidad habría una "frustración colectiva".
De Santiago Juárez ha recordado que todos los colectivos que pasaron por la Comisión no permanente para la reforma del Estatuto coincidieron en que se incluyese este artículo y que, una vez consensuado el texto, contó con el apoyo del PP y el PSOE en Castilla y León. Además, ha resaltado que una vez defendido en el Congreso por Soraya Sáez de Santamaría (PP) y Óscar López (PSOE), llegó al Senado "sin un voto en contra".
Por ello, ha considerado que en el peor de los supuestos "se hablaría de una frustración colectiva de Castilla y León". Asimismo, ha asegurado que no pedirá disculpas a nadie, como ayer le reclamó el PSCyL a través de su secretario de organización en la Comunidad, Pedro José Muñoz, quien le instó a dirigirse al presidente de la Confederación Hidrográfica, Antonio Gato, para retractarse.
"No le debemos perdón a nadie, el Gobierno ha puesto múltiples pegas y además las cambiaba cada cierto tiempo", se ha quejado el portavoz, quien ha recordado que como última cuestión el presidente nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, planteó en septiembre de 2010 que "sería bueno esperar a la decisión del Constitucional". "Pero previamente llevábamos dos años oyendo otras cosas", ha apostillado.
El consejero portavoz ha reiterado que los estatutos de Andalucía y Castilla y León no recogen lo mismo, ya que el artículo anulado del texto andaluz reclama las competencias exclusivas de la cuenca del Guadalquivir, mientras que el de la Comunidad reclama el desarrollo normativo, legislativo y la ejecución asumiendo que hay competencias exclusivas del Estado.
"Nos cuidamos muy mucho de ser escrupulosos con la doctrina del Tribunal Constitucional y entonces algunos nos tacharon de tibios y nos acusaban de no dar un paso más. Ahora vemos que era prudente recoger esta redacción", ha agregado.
De Santiago-Juárez ha insistido también en que no conoce la sentencia del Alto Tribunal, por lo que los servicios jurídicos de la Junta no pueden valorar su alcance, y ha apuntado que ésta ya se ha solicitado tanto al Gobierno como al Ejecutivo andaluz para estudiarlo.