LEÓN, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León ha concedido ayudas por importe de 3,1 millones de euros del Fondo de Cohesión Territorial 2023 a los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de León para la ejecución de inversiones locales.
El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, ha manifestado en un comunicado remitido a Europa Press que, de esta forma, la administración autonómica sigue "cumpliendo con sus deberes del mundo local" con estas ayudas para la mejora de servicios públicos municipales.
"Con esta nueva resolución consolidamos las inversiones en el medio rural, favorecemos el empleo en el entorno local y procuramos más cohesión y equilibrio entre las distintas provincias de la Comunidad", ha señalado Diego.
La Diputación de León ha colaborado en la gestión de las ayudas que corresponden a los municipios de menos de mil habitantes, mientras que el resto ha sido gestionado directamente por la Dirección de Administración Local de la Consejería de la Presidencia.
En la financiación de estas subvenciones, en el tramo de los municipios entre 1.000 y 20.000 habitantes, el 75 por ciento de las inversiones corresponderá a la Junta y el 25 por ciento a los ayuntamientos y, por su parte, en el tramo de menos de 1.000 habitantes, el 50 por ciento lo asume la Junta, el 25 por ciento la Diputación y el 25 por ciento restante los ayuntamientos.
Los ayuntamientos mayores de 1.000 habitantes disponen hasta el día 7 de julio para presentar sus solicitudes en las que deberán figurar las inversiones que decidan proponer y acreditar que cumplen las condiciones establecidas en la convocatoria. En el caso de los ayuntamientos menores de 1.000 habitantes, los plazos serán los establecidos por la Diputación de León en su correspondiente convocatoria.
Para conseguir el objetivo de la cohesión territorial, en la distribución de este fondo, que utiliza los criterios del modelo legal de financiación local de Castilla y León, se introducen dos factores de corrección.
El primero, la tasa de paro de cada provincia, que supone un 30 por ciento del fondo y el segundo, el criterio de la despoblación, que conlleva un 10 por ciento, si bien esta parte del fondo se distribuye únicamente entre aquellas provincias con una tasa de despoblación inferior a la media de la Comunidad de Castilla y León (25,53 habitantes por kilómetro cuadrado).