La Junta y Policía Nacional trabajan para aumentar la seguridad en los establecimientos de juego

VALLADOLID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León y la Policía Nacional se han reunido este martes, 6 de mayo, para coordinarse con el objetivo de ofrecer una mayor seguridad a los establecimientos de juego y una mayor protección a los usuarios.

En concreto, la Consejería de la Presidencia ha mantenido un encuentro con las nueve brigadas provinciales de inspección para abordar las diferentes actuaciones a desarrollar durante 2025, en el marco del convenio formalizado entre la Junta y la Secretaría de Estado de Seguridad en 2023 para trabajar conjuntamente por el correcto desarrollo de la actividad económica del juego.

Este encuentro ha estado coordinado por la directora general de Relaciones Institucionales del Ejecutivo autonómico, Irene Muñoz, y ha contado con la participación de representantes de la Policía Nacional en las nueve provincias.

Uno de los ejes centrales de la reunión ha sido la presentación del Plan de Inspección de Juego 2025, que marcará las directrices y prioridades para el año en curso, tal y como ha indicado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, en la cita se han analizado conjuntamente los retos a los que se enfrentan las brigadas en sus labores de inspección, con el objetivo de ofrecer soluciones prácticas y unificar los diferentes criterios de actuación.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que "la colaboración institucional es esencial para promover un entorno de juego seguro, tanto para los usuarios como para las empresas que operan en este sector". "Es fundamental que todas las instituciones trabajemos de la mano con el sector privado para garantizar que se cumplen los más altos estándares de transparencia y responsabilidad", ha apostillado.

Por este motivo, la Junta y la Secretaría de Estado de Seguridad firmaron un convenio en el año 2023, para que las Unidades de la Policía Nacional encargadas de la protección de la seguridad pública puedan actuar, en coordinación con la Administración Autonómica, en la persecución de las posibles conductas ilícitas que se puedan producir en el ámbito del juego y las apuestas.

Dichas funciones incluyen la vigilancia del cumplimiento por parte de los establecimientos de juego de la normativa en vigor, a través de la inspección permanente de los locales, la elaboración de informes y el levantamiento de actas por potenciales infracciones.

A estos efectos, la Junta dota a estas brigadas de los medios tecnológicos necesarios para realizar correctamente su trabajo, incluidos ordenadores portátiles con conexión a internet para poder levantar actas en los propios establecimientos de juego, impresoras portátiles para imprimir dichas actas en el momento, o PDAs preparadas para extraer datos referidos a la actividad de las máquinas de juego.

De esta forma, la Junta y la Policía Nacional promueven, de forma colaborativa, un mayor control para garantizar la correcta actividad de los establecimientos específicos de juego.

El número de estos establecimientos en Castilla y León se sitúa en 150, entre ellos tres casinos, 14 casas de apuestas, 17 bingos y 116 salones de juego. Además, hay 9.834 establecimientos de hostelería donde están instaladas máquinas de tipo B.

Los datos de las diferentes inspecciones a lo largo de Castilla y León se reflejan en la Memoria Anual de Juego y Apuestas de la Comunidad. De la última Memoria, que hace referencia a la actividad de 2024, se desprende que se ha incrementado la vigilancia en los establecimientos específicos de juego, con 4.654 inspecciones realizadas por la Policía Nacional en virtud del citado convenio, frente a las 4.383 que tuvieron lugar en 2023.

A finales del año pasado, había 58 actas de infracción en distinto punto del procedimiento administrativo sancionador, misma cantidad que la recogida en la memoria de 2023.

González Gago ha reiterado que el propósito de la Junta es "garantizar un entorno de juego responsable, con controles eficaces que aseguren la correcta actividad de un sector que genera empleo y contribuye a las arcas autonómicas".