La Junta propone ampliar en 43.000 hectáreas el regadío en sus alegaciones al Plan Hidrológico del Duero 2028-2030

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha defendido la agricultura de regadío como uno de los motores de futuro del medio rural de Castilla y León por su capacidad para generar actividad económica y contribuir a fijar población y ha propuesto su ampliación en 43.000 hectáreas, según las alegaciones presentadas al Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI), documento previo a la aprobación del próximo Plan Hidrológico del Duero 2028-2033.

El texto del Gobierno autonómico reivindica la gestión del agua como un recurso estructural que contribuye a generar empleo, inversión, permite la incorporación de jóvenes al sector agrario, mejora la productividad e impulsa la industria agroalimentaria, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

La próxima planificación hidrológica 2028-2033 es "una oportunidad decisiva", ha señalado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, por lo que deben evitarse "enfoques meramente restrictivos".

"La sostenibilidad de la cuenca no puede descansar sólo en reducir consumos y restringir los usos agrarios existentes, sino que debe apoyarse en la modernización del regadío, en una gestión eficiente del agua, en un incremento de la regulación, en nuevas infraestructuras y en ofrecer seguridad jurídica a los regantes, todo ello desde una triple sostenibilidad: económica, social y medioambiental", ha subrayado.

La Comunidad cuenta con unas 550.000 hectáreas de regadío, el 15 por ciento de la superficie cultivable, por debajo de la media nacional (22,3 por ciento). A ello se une la menor capacidad de regulación de la cuenca del Duero, que apenas alcanza el 30 por ciento frente a otras grandes cuencas como el Ebro (50) o el Tajo (90).

Ante este escenario, la Junta solicita que el nuevo Plan contemple el desarrollo de nuevos regadíos y propone incorporar en la planificación más de 43.000 hectáreas.

En concreto, la propuesta de la Junta contempla ampliar 1.500 hectáreas en los sectores Cea-Carrión 24.000 en Armuña (teniendo en cuenta el incremento de regulación ya previsto en el Plan), 3.100 en Valduerna, 1.200 en Arandilla, 315 en Alaraz, 6.000 en Lastras de Cuéllar, 400 hectáreas en Bombeo Araviana (Tajahuerte), 6.463 en la zona regable de la margen izquierda del Tera y 600 en Valdavia.

AGUAS SUBTERRÁNEAS

El documento de alegaciones se opone a las restricciones generalizadas a concesiones, renovaciones o modificaciones de características en los aprovechamientos de aguas subterráneas.

En su lugar, se pide una evaluación individualizada, basada en criterios técnicos, y que no se apliquen reducciones automáticas del 10-25 por ciento cuando se realiza un cambio de la concesión.

Igualmente, se llama la atención sobre el enfoque restrictivo del EPTI que plantea denegar la novación de concesiones y que, según el propio documento, implicaría el paso a secano de 32.000 hectáreas y un coste para el sector de 17,8 millones de euros al año, con el posible abandono de más de 3.000 explotaciones.

Por el contrario, la Junta propone la sustitución progresiva de recursos subterráneos por superficiales y la constitución de una Mesa de Trabajo entre las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para consensuar y planificar el funcionamiento de estos regadíos.

El Ejecutivo autonómico también reclama seguridad para los regadíos modernizados y ha explicado que los ahorros derivados de estas actuaciones no deben traducirse automáticamente en recortes de derechos de agua, sino que deben entenderse como una herramienta de eficiencia.

En relación con la contaminación difusa, se pide que las medidas se apliquen únicamente sobre las masas de agua con afección acreditada y que se prioricen herramientas de gestión agronómica como Sativum, desarrollada por el ITACyL y cuyo módulo de dosificación de fertilizantes es de referencia nacional.

Finalmente, se reclama una gobernanza eficaz con compromisos presupuestarios verificables, calendarios obligados de ejecución, seguimiento y rendición de cuentas, agilización y coordinación administrativa. También se pide que los nuevos usos industriales o energéticos vinculados a renovables no perjudiquen la garantía de los usos agrarios existentes.

En 2022, el Consejo del Agua del Duero rechazó el proyecto de Plan Hidrológico por 42 votos en contra y 34 a favor y, pese a la oposición de la Junta y los regantes, el Plan se aprobó finalmente por Real Decreto en enero de 2023 con la aplicación de nuevas restricciones y sin que se hayan ejecutado muchas de las inversiones previstas, ha agregado el Gobierno autonómico.