VALLADOLID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha reiterado este martes en el Pleno de las Cortes que no se dan los requisitos previstos por la Ley para repetir la declaración de evaluación ambiental de la mina de uranio que quiere poner en marcha en Retortillo (Salamanca) la empresa australiana Berkeley, que data de 2013.
Así lo ha expresado el consejero este martes ante una pregunta de control parlamentario formulada por el procurador de IU-Equo en las Cortes, José Sarrión, quien ha preguntado si la Junta pretendía realizar dicho trámite, tal y como lo solicita el Procurador del Común como consecuencia de las modificaciones que se han producido en el proyecto.
Quiñones ha acusado a Sarrión de "retorcer argumentos" y de "pervertir" la comunicación del Procurador del Común, pues se sugiere la nueva evaluación ambiental por la modificación del proyecto empresarial cuando lo que ha ocurrido es que la compañía australiana ha renunciado a instalarse en el término municipal de Villavieja de Yeltes y centrar la actuación sólo en Retortillo.
Por ello, el consejero entiende que los "intereses medioambientales" están "mucho más protegidos" gracias a la evaluación ambiental, pues "sólo se pone en marcha una parte" y, además, recoge las correspondientes "medidas correctoras" y "compensaciones".
Además, ha considerado que permite ver las "sinergias" del proyecto no sólo en Retortillo sino también para el momento en que pudiera ejecutarse completamente, si bien ha recordado que la Comisión de Urbanismo de la Junta rechazó en su día la solicitud de uso de suelo rústico en Villavieja, decisión refrendada pese al recurso interpuesto por Berkeley.
José Sarrión ha calificado de "inconcebible" e "inaceptable" la "obcecación" de la Junta de Castilla y León con el proyecto pues se reconoce en la DIA que tendrá una duración de diez años "a cambio de destruir la vida de la zona".
Asimismo, ha lamentado que la Consejería "ignore" que tanto el procurador del Común como los grupos de la oposición en las Cortes haya pedido esa nueva Declaración, pues ha considerado que sí que se han planteado modificaciones, como la realización de catas sin permiso por parte de Berkeley.
También ha apuntado que el Ayuntamiento de Villavieja alegó en su día que se había modificado la depuración del vertido de aguas residuales, que no aparecía en la Declaración original. Igualmente, ha recordado que "se desconocen las afecciones radiológicas sobre aguas superficiales".
Todo ello, según Sarrión, es "un caso más" en las "enormes gravedades y oscurantismos" de este proyecto, pues ha apuntado que Berkeley ha negado a la Comisión Europea la autorización para dar a conocer información sobre el proyecto a la ciudadanía, por lo que se ha preguntado "cuánto tendrán que ocultar".
También ha señalado que el comisario español y exministro del PP Miguel Arias Cañete desconocía las suspensiones de permisos y las modificaciones en el proyecto, que debería haberle comunicado la multinacional canadiense. De hecho, ha apuntado que el "exnúmero dos" de Cañete en el Ministerio de Agricultura Manuel Lamela "estaba contratado como lobbysta" por Berkeley.
