MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Ley para la Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que ha cumplido recientemente una década, se encuentra en la actualidad en un momento "crucial" para lograr el objetivo para el que fue creada: Pasar de la beneficencia a un sistema público de protección social.
Sin embargo, pese a que la ley ha supuesto en España uno de los mayores avances sociales de los tres últimos lustros y fue configurada con la idea de constituir el cuarto pilar del Estado de Bienestar, la normativa no se ha desarrollado como se esperaba por los desajustes de implantación en las comunidades autónomas y por los problemas de previsión y de financiación, que no acaban de resolverse.
Tal es así, que a mediados de diciembre, justo cuando se cumplían diez años de la aprobación de la normativa, la mayoría de los grupos parlamentarios, menos el PP y el PNV, firmaban un acuerdo en el Congreso para relanzar la ley, recuperar los fondos perdidos en los Presupuestos Generales, acabar con la lista de espera en dos años o dotar al sistema de mayor transparencia.
Cabe señalar que la crisis coincidió con el momento en que la ley comenzaba a andar y las posteriores restricciones presupuestarias para que el Gobierno cumpliera con los objetivos de déficit de Bruselas golpearon al sistema de dependencia, dejándolo en un equilibrio inestable.
En enero de 2017, la Ley de Dependencia se discutió en la Conferencia de Presidentes del Senado, en la que las comunidades autónomas solicitaron la inclusión de esta normativa dentro de la financiación autonómica. El Gobierno recogió el guante y, en febrero, el Consejo de Ministros aprobó la creación de un grupo de expertos para abordar este asunto.
"Nos encontramos en un momento crucial e inaplazable. Hay que abordar cambios sustanciales en dependencia, que pasan primero por la suficiencia financiera", indica a Europa Press el presidente del Observatorio Nacional de la Dependencia y de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, cuya organización que audita cada mes las estadísticas oficiales del IMSERSO y elabora informes monográficos sobre el desarrollo del sistema. "Sin dinero, no se puede cumplir", asevera.
social sólida".
