La Ley de Industria creará un mecanismo para simplificar tramitación de proyectos "estratégicos y prioritarios"

VALLADOLID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado este jueves el proyecto de Ley de Industria, dirigido especialmente al impulso de la competitividad y a garantizar la seguridad y en el que se incluye la creación de un marco especial en el que se simplificarán los trámites burocráticos de los proyectos "estratégicos y prioritarios" que se puedan instalar en zonas "más debilitadas económicamente".

Así lo ha explicado el consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, quien ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para detallar el contenido del proyecto de Ley que, a su juicio, deberían tener "sobre su mesilla de noche" las industrias de la Comunidad por su importancia en lo referente a la seguridad y al fomento de la competitividad.

Sobre este último aspecto incide una de las novedades que introduce la normativa, que consiste en la creación de un marco legal para calificar de "estratégicos y prioritarios" determinados proyectos que pueden tener interés para llevar inversiones a zonas que se encuentran más debilitadas económicamente y que verán simplificados los trámites y se "evitarán trabas". Villanueva ha citado posibles sectores como los recursos minerales y forestales.

El consejero ha incidido en la importancia de esta nueva Ley por el peso que tiene el sector industrial en Castilla y León, donde supone el 21,61 por ciento del Valor Añadido Bruto de la Comunidad, frente al 17,36 que ocupa en el total nacional; al tiempo que cuenta, en datos de finales de 2013, con 139.700 empleos y con 12.240 empresas. Este hecho ha contribuido, según el consejero, a que la Comunidad haya "superado mejor la crisis", extremo que señaló un informe de la Fundación de Cajas de Ahorros conocido la pasada semana.

Tomás Villanueva ha destacado que también se va a poder trabajar más adecuadamente en la planificación de la política industrial de la Comunidad, ya que dentro de los propósitos de mejorar la competitividad se fija la elaboración de un plan director que establecerá "año a año las políticas con medidas concretas tanto en política sectorial como territorial".

En ese ámbito, el documento contempla el desarrollo de un marco de competitividad industrial que permita impulsar el progresivo cambio en el modelo productivo de Castilla y León e incluirá también la 'Estrategia Regional de Competitividad' que "facilitará las herramientas en materia de internacionalización e innovación destinadas al sector industrial". Esta actualización de criterios en la política industrial de la Comunidad se viene aplicando con estos objetivos desde el año 2003.

El proyecto de Ley, que se tramitará a las Cortes para su debate y aprobación, se centra en "el respeto a la libertad de empresa, garantizando los derechos de establecimiento y de libre prestación de servicios", lo que se compagina, según Villanueva, con la defensa de la libre competencia para asegurar un funcionamiento competitivo del mercado e impulsar las actuaciones públicas que deben evitar crear o incrementar restricciones de la competencia.

Incluye, por último, el desarrollo de la calidad en el sector estableciendo mecanismos para favorecer la elaboración de mejores productos a través de la innovación y la implantación de procesos industriales más eficientes. Además fomenta la competitividad, arbitrando instrumentos de estímulo, promoción y modernización de la actividad industrial. Finalmente impulsa el fomento de la eficiencia y el ahorro energético.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

En el otro aspecto básico, la Ley establece también un marco de seguridad industrial para prevenir adecuadamente tanto los riegos laborales, como los que resultan de la propia actividad y de las instalaciones para las personas, la flora, la fauna, los bienes o el medio ambiente.

La Unión Europea ha marcado criterios relacionados que permiten externalizar los servicios de inspección de la seguridad industrial dotando de mayor capacidad a 'Organismos de Control', sin que esto implique que la administración no pueda desarrollar su capacidad de inspección y sanción.

Para ello, se establecen deberes y responsabilidades de los titulares de industrias e instalaciones y se regula la figura de los proyectistas y directores de obra, con declaración responsable y seguro de responsabilidad obligatorio. Se prevén posibles acuerdos con colegios profesionales en el ámbito de la declaración responsable, y se analizan las obligaciones de empresas instaladoras y mantenedoras, y de 'Organismos de Control'.

"En consecuencia el espíritu del Proyecto de Ley es proteger a quienes hacen las cosas bien, frente a quienes actúan al margen de la legalidad o se aprovechan de sus lagunas para sacar partido", ha insistido el consejero.

La futura Ley incentivará como novedad la adopción voluntaria de prácticas de responsabilidad social empresarial por parte de las empresas e industrias, que se dirigen al mantenimiento de la calidad en el empleo, la protección del medio ambiente, la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el consumo sostenible, el respeto a los derechos humanos y la promoción permanente de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

En este sentido, Tomás Villanueva ha aseverado que no tiene dudas de que las organizaciones patronales y sociales de la Comunidad respaldan lo referente a la responsabilidad social.

Por otra parte, el proyecto legisla sobre el Registro Industrial Único de Castilla y León, que con carácter informativo incluirá las instalaciones, establecimientos, empresas, organismos de control y otros agentes establecidos en la Comunidad que presten servicios profesionales en el sector industrial. Los datos se incorporarán y actualizarán de oficio. Este registro permitirá a la Junta ejercer con datos y con mayor efectividad sus funciones de control y vigilancia sobre actividades e instalaciones industriales, así como la de promoción de la actividad industrial.