La Ley de Publicidad Institucional aprobada sin el PP entrará en vigor mañana

    VALLADOLID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La modificación de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León entra en vigor mañana después de que este viernes se haya publicado el texto íntegro en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), una norma que se aprobó en las Cortes sin el PP, partido que gobierna en solitario la Junta de Castilla y León, y que fue impulsada por el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández.

   En concreto, el Bocyl publica la Ley que introduce novedades en la contratación y difusión de campañas públicas. Entre las medidas más destacadas figura que el conjunto de los contratos de acciones de publicidad institucional que rubrique una persona o entidad propietaria de un medio de comunicación no podrá suponer un ingreso para la misma que supere el 33 por ciento del importe neto de su cifra anual de negocio.

   Este ha sido uno de los puntos más polémicos y que, como el propio promotor de la norma ha reconocido, se deberá "remediar" para que, como explicó en sede parlamentaria, los pequeños medios de comunicación puedan sobrevivir y este 33 por ciento sólo afecte a los fondos de la Junta y no a otras administraciones como ayuntamientos o diputaciones. Fue precisamente este punto el que provocó que el Grupo UPL-Soria ¡Ya! se abstuviera en su votación en las Cortes.

   No obstante, como se especifica que en texto publicado este viernes, la norma establece que las actuaciones de publicidad institucional deberán respetar la "diversidad territorial, social y cultural de Castilla y León, y ajustarse a principios como la transparencia, la objetividad, la protección de derechos fundamentales, la igualdad y la protección del medio ambiente".

   Además, se prohíbe "la contratación de campañas con medios de comunicación que hayan sido condenados de forma reiterada por vulnerar derechos como el honor, la intimidad o por delitos de odio".

   Entre las novedades, la ley incorpora la obligación de "identificar claramente las campañas como publicidad institucional e incluir la mención expresa de la administración o entidad promotora" y la "prohibición" de que los mensajes, imágenes o elementos de las campañas puedan inducir a confusión con los utilizados por formaciones políticas u organizaciones sociales.

   La Ley exige también que, para la contratación en medios digitales, se atienda a las métricas propias de la analítica web.

   El texto "refuerza" los mecanismos de control y evaluación y establece la elaboración anual de un plan de publicidad institucional, aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado en el Portal de Transparencia, así como la obligación de elaborar informes de evaluación de cada campaña, a cargo del Consejo de Cuentas, que serán remitidos a los grupos parlamentarios.

   También establece la publicación de una memoria anual sobre la inversión en publicidad institucional y la remisión trimestral de los contratos formalizados a las Cortes de Castilla y León.

   A través de esta modificación se crea además el Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre y se regula la convocatoria de un nuevo concurso para la concesión de la televisión autonómica.

   Finamente, entre otros cambios, la Ley establece que durante los periodos electorales, queden prohibidas las actuaciones comunicativas relativas a proyectos, planes o resultados.