VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Más de mil familias de Castilla y León afectadas por la falta de presupuesto del Plan MOVES III 2025 han elevado su caso al Defensor del Pueblo y al Procurador del Común de la Comunidad y han anunciado su integración en la Asociación por un Cambio de Modelo Energético Independiente y Sostenible (Acmeis) para estructurar su defensa.
Según ha informado el colectivo de afectados en un comunicado recogido por Europa Press, la agrupación cuenta ya con "cientos de personas" organizadas y registró el pasado miércoles, 18 de noviembre, las primeras quejas ante ambas instituciones, de las que ya obra acuse de recibo, a la espera de su admisión o de una respuesta de fondo.
La integración en Acmeis, entidad que hasta ahora les prestaba apoyo, responde al objetivo de reforzar "la coordinación de recursos, acciones legales y reivindicaciones tras haber presentado a principios de noviembre recursos de reposición contra las denegaciones ante la Dirección General de Energía y Minas de la Junta".
De igual modo, los afectados preparan acciones colectivas en vía administrativa y judicial y estudian convocar movilizaciones o concentraciones, aún sin fecha decidida.
Respecto a la situación financiera del programa, los afectados han explicado que la Junta les ha confirmado en sus comunicaciones que no quedan fondos disponibles para transferir o movilizar y sostiene que corresponde aportar la financiación necesaria al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, al que asegura haber solicitado sin éxito más ampliaciones.
Aunque la Administración autonómica, en sus palabras, se ha comprometido a trasladar estas peticiones al IDAE y a establecer contacto con el secretario de Estado para reclamar los fondos, el colectivo ha señalado que se trata de un anuncio "sin plazos confirmados ni constancia de gestiones realizadas", a la vez que ha recordado que la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) también ha remitido escritos a ambos organismos.
En este sentido, los perjudicados han reclamado que tanto la Junta como el Ministerio "aclaren públicamente" quién aportará el crédito necesario, por qué importe y en qué plazo, así como el estado real del presupuesto del MOVES III 2025 en la Comunidad, con detalle de las cantidades pagadas, comprometidas y disponibles y el número de solicitudes pendientes, tras recordar que el IDAE concedió en diciembre de 2025 los 7,7 millones solicitados por la región y que el Ejecutivo autonómico reasignó en 2026 algo más de tres millones desde la línea de puntos de recarga a la de vehículos.
Por último, el colectivo ha advertido del riesgo de que esta situación se extienda a otras autonomías y ha alertado de su lectura directa sobre el Programa Auto+ en marcha en 2026 -dotado con 350 millones de euros para particulares y cuyo plazo concluye el 31 de diciembre a las 14.00 horas por orden de presentación-, por lo que ha pedido al Gobierno "garantías de información y cobertura presupuestaria para evitar que la incertidumbre frene la compra de vehículos electrificados".