El endeudamiento del sector público de la Comunidad llegó en
2020 a 12.932 millones, con un incremento interanual del 3,6%
VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las modificaciones presupuestarias en 2020, primer año de la pandemia, elevaron el presupuesto de Castilla y León hasta los 12.661 millones de euros, según consta en el informe que el Consejo de Cuentas ha entregado este lunes en las Cortes autonómicas.
Teniendo en cuenta las diferentes magnitudes para cada una de las entidades que integran la Cuenta General, las entidades del Sector Público que realizan actividades administrativas representan el 99,3 por ciento.
La única empresa (Somacyl), nueve fundaciones y un ente público de derecho privado integrados --el mismo número que en el ejercicio precedente-- representan menos del uno por ciento.
El informe de auditoría recoge, con opinión favorable, de las cuentas de la única empresa pública que se ha integrado en la Cuenta General, así como de "prácticamente todas las fundaciones".
El mayor peso presupuestario corresponde a la Administración General, seguida de la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia de Servicios Sociales con un 87,3, seis y 3,8 por ciento respectivamente del presupuesto definitivo consolidado de ingresos.
En gastos, la Administración General representa el 49,5 por ciento, la Gerencia Regional de Salud el 37,3 y la Gerencia de Servicios Sociales el 8,4. El presupuesto definitivo de gastos experimentó en 2020 un incremento del 13 por ciento (1.461 millones de euros) con respecto al ejercicio anterior.
MAYOR VARIACIÓN
La mayor variación en términos cuantitativos se produjo en la Gerencia Regional de Salud, con un incremento de 1.063 millones (29%), seguida de la Administración General en 301 millones (5%).
El peso específico en cuanto a las obligaciones reconocidas consolidadas sigue los patrones marcados por los créditos definitivos, tanto por entidades (Administración General, Gerencia Regional de Salud y Gerencia de Servicios Sociales con el 49,3, 38,4 y 8,4 por ciento, respectivamente), como por capítulos.
Existen obligaciones pendientes de imputar al presupuesto de 2020 por importe de 62 millones, siendo 5,5 de ejercicios anteriores. Además, existen obligaciones de ejercicios anteriores indebidamente imputadas al ejercicio 2020 por un importe de 412 millones.
La evolución de las obligaciones pendientes de imputar a presupuesto en los últimos años refleja que 2020 ha sido el ejercicio con el menor importe, habiéndose producido una notable disminución.
La causa principal es el incremento que han tenido los créditos, vía modificaciones presupuestarias, cuya principal fuente de financiación proviene del Fondo COVID-19 creado por la Administración General del Estado, que ha dotado de financiación a las comunidades autónomas para hacer frente a la incidencia presupuestaria derivada de la crisis originada por la pandemia.
En 2020 el saldo total de la cuenta 413, que indica el total de las obligaciones reconocidas que no han sido aplicadas a presupuesto, ha disminuido un 69,5 por ciento con respecto al ejercicio anterior, siendo destacable la disminución producida en los gastos de personal.
El mayor importe de estas obligaciones se corresponde con gasto corriente que representa el 49,1 por ciento del total. Las dos entidades con mayor importe en dicha cuenta son la Gerencia Regional de Salud y la Junta de Castilla y León.
SIN REGISTRO DE INVENTARIO
Por otro lado, la Comunidad sigue sin tener implantado un registro de inventario que recoja todos los bienes y derechos que integran su patrimonio. El Inventario General, únicamente recoge los bienes inmuebles y derechos sobre los mismos de la Administración General, del Instituto Tecnológico Agrario, de la Gerencia de Servicios Sociales y del Servicio Público de Empleo.
La Comunidad saldó, de acuerdo con las normas establecidas en el nuevo Plan General de Contabilidad Pública y con las recomendaciones del Consejo de Cuentas recogidas en informes de ejercicios anteriores, la cuenta 'Inmovilizado. Transitoria', si bien en el nuevo plan se prevé la aplicación de un modelo de revalorización del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, que se encuentra pendiente de diseño e implantación.
Como consecuencia de la fiscalización, el Consejo propone en el resultado presupuestario consolidado un ajuste positivo de 535 millones, que sitúa la cifra total en un importe positivo de 323 millones. En el balance consolidado, se han hecho ajustes en el pasivo por importe de 145 millones, manteniéndose el importe total rendido en 9.066 millones.
En la cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada, los ajustes suponen un aumento de 122 millones en el resultado, hasta alcanzar un ahorro de 286 millones.
El importe del presupuesto inicial consolidado de las entidades del sector público de la Comunidad sujetas al régimen de contabilidad pública fue de 4 10.747 millones, habiéndose autorizado modificaciones por importe de 1.913 millones, resultando un presupuesto definitivo de 12.661 millones.
El motivo del elevado aumento se debe, sobre todo, a la distribución por parte del Estado de recursos adicionales para hacer frente a la crisis originada por la pandemia, y también, en menor medida, a los fondos procedentes de la actualización de los ingresos del sistema de financiación, que no estaban contemplados en los presupuestos debido a su situación de prórroga.
Por políticas de gasto, los créditos que más se han incrementado a través de modificaciones han sido los correspondientes a Sanidad, que suponen un 73,7 por ciento del importe neto de las modificaciones, seguida de Educación, con un 10,7, y Servicios Sociales y Promoción Social, con un 7,5.
ENDEUDAMIENTO
El endeudamiento del conjunto del sector público de la Comunidad a 31 de diciembre de 2020 fue de 12.932 millones, un 3,6 por ciento superior al de 2019. En el contexto de suspensión de las reglas fiscales ratificada por el Congreso como consecuencia de la pandemia, la Comunidad registró un superávit del 0,4 por ciento del PIB regional (195 millones), por tanto, mejor al límite de déficit del 0,2 por ciento permitido inicialmente.
El volumen de deuda suponía el 24 por ciento del PIB regional, al igual que el objetivo de deuda fijado inicialmente para ese periodo. En lo relativo a la regla de gasto, Castilla y León registró una disminución del 2,1 por ciento del gasto con respecto al ejercicio anterior, siendo el objetivo no superar un 2,9 de incremento.
En el ejercicio 2020 la Administración General ha concedido un aval por importe de 30 millones y en el periodo se han cancelado dos avales, uno de la Administración General y uno del Instituto para la Competitividad Empresarial.
La cuantía del riesgo vivo de los 22 avales existentes al inicio de 2020 era de 436 millones, siendo el importe de los 21 existentes a fin de ejercicio de 434 millones, un 0,4 por ciento menos.
La Intervención General ha elaborado un informe sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad, donde concluye que la Comunidad ha mantenido una ratio inferior al plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad.
Los resultados del trabajo, reflejados en 80 conclusiones, dan lugar a un total de 14 recomendaciones, cinco menos que las registradas en la Cuenta de 2019. Por una parte, desaparecen seis consecuencia de los cambios normativos que se han producido y de determinadas mejoras en la gestión.
Por otro lado, se incorpora una nueva, que plantea mejorar el método de elaboración de los estados financieros consolidados para evitar errores en epígrafes.
