El 95% de los perceptores del Ingreso que antes percibían la Renta ha abandonado itinerarios de empleo y sube el absentismo escolar
VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La nueva ley de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) obligará a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que cobran el complemento autonómico a una vinculación social y laboral que supondrá el seguimiento de itinerarios de empleo y la escolarización de menores.
Así lo ha adelantado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, tras presidir en Valladolid una reunión con los agentes económicos y sociales del Diálogo Social dentro de la Mesa dedicada a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), donde se ha defendido como posición común la necesidad de reformular esta prestación autonómica para que, en su convivencia con el IMV no se aleje del fin con el que fue concebida, que supone conducir a sus beneficiarios hacia la inserción social y laboral efectiva, algo que se ha constatado está ocurriendo.
La consejera ha señalado que con esta reunión se cumple con el mandato del Diálogo Social y empiezan los trabajos para la nueva RGC y esperan llegar a un acuerdo en el plazo de un mes o mes y medio para dar traslado al mismo y su tramitación.
Blanco ha recordado que tras la puesta en marcha del IMV se decidió, en el seno del Diálogo Social y de acuerdo con el Tercer Sector, complementar con una prestación la cuantía que percibían perceptores de RGC y quedaban por debajo del IMV, lo que ha supuesto una cuantía media de 235 euros a estas personas, que ahora perciben el ingreso estatal, y que son 2.222 de los 6.937 ciudadanos que han pasado de la RGC al IMV.
Unido a esto, la Junta se ha visto obligada a comprobar los expedientes de RGC y a pedir la devolución de cuantías como consecuencia de las últimas revisiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre prestaciones del IMV ya otorgadas, por las que se están recortando a la baja cuantías con efectos retroactivos.
Así, un año y medio después de la entrada en vigor del IMV y de su convivencia con la prestación económica, se ha constatado que el 95 por ciento de las casi 7.000 personas que han pasado a percibir el IMV en lugar de la RGC han abandonado el itinerario formativo o el contrato de trabajo que se les había ofrecido, dado que esta renuncia no implica la pérdida de este ingreso, a diferencia de lo que ocurre con el autonómico.
Asimismo, se está observando un incremento del absentismo escolar entre los hijos de los antiguos perceptores de RGC producido por el mismo motivo, el hecho de que la no asistencia a clase de los menores no implica la pérdida de la prestación.
Estas casi 7.000 personas que perciben el IMV son una parte de las 15.886 familias que reciben el IMV en Castilla y León --sólo el 31 por ciento de las que lo han solicitado, ya que otras 34.936 se les ha denegado o inadmitido la prestación estatal--.
OBJETIVO FINAL
Isabel Blanco ha insistido en que la RGC nació con la intención de garantizar un mínimo de ingresos a los ciudadanos en situación de exclusión social y fomentar su inclusión social y laboral.
Sin embargo, esta situación no se asegura con el IMV, motivo por el que, en coincidencia con los agentes sociales y económicos que han participado en la mesa, se considera necesario reformar la RGC con el objetivo de mantener la vinculación a la escolarización de los menores y al seguimiento de un itinerario de empleo a quienes perciban el IMV y el complemento de RGC.
Así, la nueva RGC implicaría un ingreso adicional, incentivo o mejora económica para la persona que esté recibiendo el IMV a cambio del cumplimiento de unos compromisos que se determinen en un proyecto individualizado de inserción para la unidad familiar y que se entienden necesarios para superar una situación de exclusión social, teniendo en cuenta aspectos fundamentales como la educación y el acceso al empleo.
De este modo, la futura RGC se centrará en promover la integración de las familias en riesgo de exclusión social, facilitando el desarrollo de un proyecto de vida normalizado, dado que el IMV se ocupa de asegurar un nivel mínimo de recursos para la cobertura de las necesidades básicas.
Blanco ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión acompañada por los secretarios autonómicos de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, y el secretario general de CEOE Castilla y León, David Esteban, quienes han coincidido en esta necesidad.
En este contexto, Vicente Andrés ha apuntado que es necesario complementar el IMV y trabajarán en esta línea en lo que se tramita en el Congreso la ley para esta prestación, que ha recibido cientos de enmiendas, sin esperar a que se finalice y mantener así el sistema de protección propio de la Comunidad que la caracteriza.
El responsable de CCOO ha apuntado que hay que dar respuesta a las 120.000 personas que hay en situación de pobreza en Castilla y León y ha añadido que la idea es conseguir la unanimidad en las Cortes como en anteriores modificaciones de la RGC.
EVITAR LA CRONIFICACIÓN
Por su parte, David Esteban ha expresado la preocupación de la patronal por que el IMV sea una ayuda "exclusivamente" de subsistencia que puede hacer que se cronifique la situación y ha reclamado un seguimiento más intenso de estas ayudas para comprobar que se cumplen los requisitos a los que se obliga.
En la misma línea, Temprano ha insistido en la necesidad no sólo de ayudar a los más vulnerables desde un punto de vista económico sino también a su inserción laboral y ha destacado los planes de empleo tanto autonómicos como locales en los que se da prioridad a los perceptores de RGC.
Además, el secretario autonómico de UGT ha reclamado al Gobierno central una gestión compartida del IMV con las comunidades autónomas, algo que ha defendido la consejera, así como una simplificación de los trámites para solicitar estas prestaciones.
Precisamente la consejera ha explicado que se van a simplificar los requisitos para su solicitud, que se reducen básicamente a tener la residencia y estar empadronados en Castilla y León, ser beneficiarios de IMV, ser demandantes de empleo o de mejora de empleo y firmar el Programa Individualizado de Inserción.
Los potenciales beneficiarios deberán firmar un Proyecto Individualizado de Inserción (PII) en el que, en función de las características de las unidades familiares, se fijen las obligaciones y de toda la unidad familiar para salir de las situaciones de exclusión social. Este itinerario contendrá compromisos especialmente en el ámbito del empleo (vinculadas a la inserción socio-laboral) y la educación (exigiendo la escolarización de los menores de más de tres años).
Asimismo, al igual que ha reclamado la patronal, intensificará el seguimiento de los Proyectos Individualizados de Inserción y el incumplimiento de las obligaciones y compromisos implicará la extinción de la prestación. Para ello, el personal de los Servicios Sociales se volcará en estas tareas de gestión, más orientadas a la oferta de itinerarios, contratos y otras medidas para la inserción sociolaboral de los beneficiarios, que a otras tareas más burocráticas.
Se contemplará una medida transitoria para los actuales perceptores de RGC que no son beneficiarios de IMV, a quienes se les garantizará la prestación hasta que, en su caso, pasen a ser beneficiarios de IMV.
La Consejería y los agentes del Diálogo Social trabajarán para definir esta propuesta a lo largo de los próximos días y garantizar que todos los perceptores de la RGC estén vinculados a un proyecto de vida o a un programa individualizado para su inserción social y laboral y para garantizar el futuro de sus hijos.
