VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los grupos de la oposición han señalado a los fallos en los protocolos y del propio sistema e incluso de la sociedad en su conjunto como causas para no poder impedir la muerte en Valladolid de la niña de cuatro años víctima de malos tratos y abuso sexual.
Así lo han expresado en las Cortes de Castilla y León, donde la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha comparecido a petición propia para explicar la actuación de los Servicios Sociales los días antes de la muerte de Sara, el día 3 de agosto, en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Aunque toda la oposición, cuyos portavoces han lamentado el fallecimiento de la pequeña y los hechos ocurridos, han señalado a fallos en los protocolos y el sistema, la portavoz socialista en la Comisión, Ana María Muñoz de la Peña, ha apuntado también cuestiones como la falta de recursos y los "recortes" como causas que generan problemas a la hora de abordar determinados casos.
Muñoz de la Peña ha reclamado saber qué ha pasado, en qué ha fallado el sistema, poner medidas para que no se vuelva a producir un caso similar y protección para la menor de doce años hermana de la víctima después de que no hayan sido capaces de detectar la situación, intervenir a tiempo y proteger a la menor fallecida.
La procuradora socialista ha pedido que en el proceso de autocrítica haya "sinceridad, seriedad y transparencia extrema" y también ha reclamado que se entone el "mea culpa" que corresponda.
Ana María Muñoz ha insistido en analizar los fallos del sistema pero también en la necesidad de difundir qué hacer cuando alguien se encuentra con un caso similar, con información "visible y clara porque, ha criticado, hay muchos documentos y guías "muy teóricos" pero pensadas para los profesionales.
TARDANZA
A su juicio, han fallado los niveles de protección de la infancia a pesar de que los tiempos están tasados y reglados, ya que el expediente ha tenido 24 días de "peregrinaje", lo que supera los límites de cualquier nivel de prioridad que se hubiera asignado al caso.
En esta línea, ha apuntado a fallos en el protocolo sanitario, que ya se revisó en 2016 después de ver que de las 971 notificaciones recibidas en 2015 sólo 36 procedían de este ámbito, pero también ha criticado los resultados de otros mecanismos como la Red Centinela.
La procuradora socialista además considera que hay un "gravísimo" problema de coordinación cuando la puesta en común de la información es primordial y ha pedido que se dispongan servicios de urgencia 24 horas para atender estos casos.
De la misma forma, ha reclamado que en los presupuestos se contemplen más recursos para esta materia y la violencia de género, al tiempo que para los centros de acción social, que en los ayuntamientos trabajan en una materia competencia de la Junta.
Precisamente esta ha sido una de las críticas del portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, quien ha censurado que los informes de base se realicen en ayuntamientos o diputaciones cuando la competencia es autonómica.
Sarrión ha expresado la preocupación "inmensa" del Grupo porque se reconoce que el protocolo ha fracasado, dado que los trabajadores han actuado bien, por lo que ha planteado un proceso de debate que permita "desburocratizar", "simplicar" y agilizar el sistema.
Además, ha expresado la preocupación por el hecho de que el informe inicial sea del 11 de julio y no se haya actuado en varias semanas o que los tíos de la víctima digan que intentaron contactar con los Servicios Sociales durante horas un día y no lo lograron.
MÁS IMPLICACIÓN
Por otro lado, el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado, quien ha pedido más implicación y "perdón" en nombre de todos porque considera que todos han fallado en este caso, ha coincidido en que el protocolo no ha funcionado y ha apuntado a la tardanza desde que llega el informe de Fiscalía o la falta de urgencia en la tramitación con la asignación de mayor prioridad como algunas causas del retraso al actuar.
Delgado ha adelantado que pedirán cambios a nivel nacional en los protocolos contra el maltrato infantil y ha pedido responsabilidades por la "inacción" durante los días que tardó en ponerse en marcha el expediente.
Finalmente, la procuradora de Podemos Laura Domínguez ha exigido depurar responsabilidades y ha insistido en que si los técnicos hicieron su trabajo lo que fallan son los protocolos.
Poro ello, ha reclamado que se escuche a la oposición para tratar de mejorar estas actuaciones, aunque ha reconocido que puede haber habido otros fallos, por lo que también se han pedido explicaciones al Ministerio de Justicia sobre el funcionamiento del sistema informático que podría haber agilizado la comunicación con los Servicios Sociales.
Domínguez también ha hecho hincapié en el hecho de que cuando el 11 de julio se detecta el caso al acudir a Urgencias en el Campo Grande, ya el médico que la atiende habla con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid, cuando se trata de una competencia autonómica.
En este sentido, considera que se ha impedido detectar el caso a tiempo porque hasta que no ocurre algo estas familias en las que hay malos tratos no se detectan y "asusta" que sean "invisibles" para el sistema.
Además, ha reclamado más coordinación entre los sistemas sanitario, educativo y de Servicios Sociales y ha criticado que las citas con la madre no tengan un carácter similar a las judiciales para que se pueda dar traslado a la Fiscalía y actuar inmediatamente.
Por parte del Grupo Popular, Juan José Sanz Vitorio, ha expresado el apoyo de la formación a los trabajadores de los Servicios Sociales y también ha pedido medidas para que no se vuelva a repetir un caso similar a este al tiempo que ha abogado por dar explicaciones y hacer autocrítica, aunque también ha aclarado que hay que tener todos los elementos de juicio para ello.
