LEÓN, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Leonesa contra la Privatización del Agua ha presentado ante el Procurador del Común una queja por "abuso de poder", tras la actuación del alcalde de León, Francisco Fernández y los concejales del equipo de Gobierno municipal "en contra del mandato constitucional que les obliga tanto al respeto de las garantías constitucionales como a facilitar la participación ciudadana".
Dicha queja está motivada por los "constantes impedimentos" que los miembros de la plataforma se encuentran para recoger firmas y realizar actos informativos y de protesta contra la decisión del Ayuntamiento de León en externalizar el 49 por ciento del servicio de Aguas. "Se está obstaculizando la realización de actividades legítimas y con ello el pleno ejercicio de nuestros derechos individuales y libertades públicas", puntualizó la plataforma en una nota recogida por Europa Press.
Asimismo, señaló que en la queja presentada se incluye la situación "vergonzante" que se produjo al inicio de la sesión del pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de León, cuando agentes de la Policía Local "tenía órdenes de limitar la entrada a los asistentes hasta un aforo de 65 personas". "Se obligó a formar fila en la calle y fueron pasando numeradas. Sin embargo, a lo largo de la mañana, aunque salieron del pleno algunas personas, no se permitió la entrada a otras que estaban interesadas en asistir", aseguró.
En su opinión, mediante este tipo de actuaciones la autoridad municipal "añade oscurantismo y amplía la desconfianza" que provoca la decisión de privatizar el servicio de Aguas, un bien "de primera necesidad" cuya administración es "esencial" para asegurar la salud, la calidad de vida y la "justicia social" en el municipio de León.
"Puesto que dicen que el agua no va a subir, retamos al alcalde a que lo demuestre con datos reales y que nos diga en qué municipios en los que se ha implantado la gestión mixta 49-51 por ciento no ha subido el agua por encima de lo comprometido inicialmente en los pliegos", apuntó.
Al respecto, aseguró que el incremento de tarifas es "un hecho", ya que el socio económicamente más fuerte "impone" sus condiciones a unos ayuntamientos "económicamente débiles". "El beneficio empresarial y la amortización del canon saldrán del recibo del agua, el impuesto menos progresivo y más antisocial: pagarán más las familias más numerosas y se resentirán más de las subidas aquellas que menos tienen", concluyó.
