VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Popular ha rechazado este miércoles la conveniencia de construir ahora un total de 22 viviendas concertadas y comprometidas por la Junta en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, entre otras cosas, por la baja demanda existente ya que, según ha asegurado la procuradora María Ángeles García Herrero, en estos momentos sólo hay 21 personas inscritas en el registro de este tipo de viviendas.
"Es usted una privilegiada porque ese registro no es público", ha respondido el procurador socialista Juan Luis Cepa quien ha ironizado sobre la necesidad de hacer "un acto de fe" respecto a esos datos y ese argumento para rechazar la PNL del PSOE que pretendía instar a la Junta a cumplir el convenio que firmó en su día con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.
"Es fundamental que exista demanda de vivienda que garantice la viabilidad de que sean adquiridas", había argumentado también la procuradora 'popular' quien ha lamentado que con el apoyo de los grupos de la oposición a esta PNL, que derivaba de Comisión, de la sensación de que sólo les importan las necesidades de vivienda de esas 22 familias de Ciudad Rodrigo y no las del resto de castellanoleoneses. Además, ha cifrado en 4.000 las viviendas vacías en la comarca mirobrigense.
En este sentido, ha aprovechado la ocasión para significar la importancia de la última convocatoria de ayudas al alquiler anunciada por el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para las familias con más necesidades a las que se destinarán cinco millones de euros y que se convocan de forma independiente a las ayudas amparadas por el plan estatal, "una buena noticia para todos los castellanoleoneses y no sólo para los mirobrigenses".
Desde el Grupo Ciudadanos, María Belén Rosado ha defendido la necesidad de que la Junta lleve a cabo los compromisos que ha puesto en marcha en este caso en un asunto olvidado desde hace un año y medio. "Las viviendas sociales no están ni siquiera en fase de construcción", ha lamentado la procuradora, que ha instado a la Junta que empiece a olvidar sus "sintomáticos olvidos".
Por parte de Podemos, Isabel Muñoz ha advertido de que los derechos sociales casan muy mal con los privados, como ocurre, a su juicio, en Castilla y León donde la Junta "pone los derechos privados por encima de los públicos" como "buena colaboracionista" de los sistemas financieros para que las familias acabasen "endeudadas hasta las cejas, cuando no desahuciadas".
Finalmente, el Grupo Mixto ha dado el visto bueno a la PNL desde el convencimiento no obstante de que no era un asunto político sino técnico.
