PP y Vox aplicarán una bajada progresiva del 0,25% en el tipo mínimo del IRPF para llegar al punto al fin del mandato

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Partido Popular y Vox aplicarán una bajada progresiva del 0,25 por ciento en el tipo mínimo del IRPF de la vigente tarifa autonómica para acumular una reducción total de un punto porcentual al final de la legislatura.

Se trata de uno de los compromisos en materia de política tributaria del acuerdo de gobierno en Castilla y León firmado este miércoles por PP y Vox que contempla además un plan de apoyo a la natalidad como el incremento hasta 1.200 euros de la deducción por el nacimiento o adopción del primer hijo, hasta 1.700 euros por el nacimiento o adopción del segundo hijo y hasta 2.500 euros por el nacimiento o adopción del tercer o sucesivos hijos.

En cuanto a la deducción de la cuota autonómica del IRPF en atención al grado de discapacidad de alguno de los hijos el nacimiento o adopción de un hijo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento otorgará el derecho a una deducción equivalente al doble de las cantidades anteriores.

PP y Vox abogan también por el refuerzo de la fiscalidad favorable al medio rural donde se incrementarán hasta un 40 por ciento las deducciones en la cuota íntegra autonómica del IRPF por nacimiento y adopción en este ámbito y del 15 al 20 por ciento la deducción aplicable a la rehabilitación de vivienda habitual para destinarla al alquiler asequible. Además, se incrementará del 25 al 30 por ciento la deducción por arrendamiento en el alquiler de vivienda habitual para jóvenes en el medio rural.

Los dos partidos se comprometen también a dar "un paso más" en la protección del medio rural mediante una política fiscal de impuestos cero para la transmisión de propiedades, que alcanzará a la primera vivienda habitual, a la compra de locales de negocios y a la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias.

PP y Vox defienden que estos incentivos fiscales generarán oportunidades de futuro para fijar población y favorecer la actividad económica en el medio rural y han precisado que el 97 por ciento del total de municipios de Castilla y León se beneficiará de esta rebaja fiscal.

Otro de los compromisos a aplicar desde el primer presupuesto es la extensión progresiva de la bonificación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones a familiares cercanos, hermanos, tíos y sobrinos, "para que el pago del impuesto no sea un obstáculo para recibir estas herencias y donaciones" con el reto de alcanzar el 12 por ciento de bonificación en esta legislatura para los primeros 100.OOO euros por contribuyente.

Respecto a las exigencias al Gobierno central, pedirán este mismo año que reduzca la presión fiscal en las zonas rurales y aplique también una fiscalidad más favorable en los tributos nacionales, con regímenes especiales en el IRPF para los contribuyentes del medio rural.

"Defenderemos que se respete la capacidad fiscal en Castilla y León para bajar impuestos y que no se obligue y favorezca desde el Gobierno de España a subir impuestos a las comunidades autónomas", exigirá también el futuro Gobierno autonómico que salga tras la investidura, la próxima semana, de Alfonso Fernández Mañueco.

Del mismo modo, la Junta rechazará y se opondrá "a cualquier acuerdo bilateral que genere ciudadanos y territorios de primera y de segunda" y privilegie a unos a costa del resto "como pago de un peaje político, y que supone la quiebra del derecho que tenemos todos los españoles a acceder en las mismas condiciones a los servicios públicos fundamentales, como la sanidad, la educación o la dependencia".

En el mismo sentido, advierten de que no aceptarán que se condone a ninguna comunidad autónoma "la deuda generada por el despilfarro de dinero público en aspiraciones separatistas, porque se estaría penalizando al resto de territorios". "La deuda no desaparece, sino que se mutualiza y se reparte entre todos los españoles", añaden en su acuerdo.