Fiscalía de Valladolid ha mantenido para el procesado su petición de cuatro años y medio de prisión
VALLADOLID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
Fiscalía de Valladolid ha mantenido hoy invariable su petición de cuatro años y medio de prisión para Óscar P.S, vecino de Medina del Campo conocido por el sobrenombre de 'El Pocero' que en abril de 2012 fue interceptado por la Policía Nacional en posesión de 76 gramos de cocaína y otros 70 de hachís que tenía ocultos en su vivienda, a la que, según la acusación pública, había "blindado" mediante la instalación de un circuito de videovigilancia.
En su exposición sobre las razones que justificaron el auto judicial que autorizó las escuchas telefónicas sobre el procesado, la fiscal jefe, Esther Pérez, ha hecho precisamente mención no sólo a las sospechas de que 'El Pocero' venía dedicándose al tráfico de sustancias sino también a las dificultades de la policía para realizar sus pesquisas debido a las medidas de contravigilancia adoptadas por éste.
"Tenía blindada su casa, tanto la parte delantera como la trasera, con cámaras de videovigilancia conectadas a un dispositivo de grabación en blanco y negro", ha enfatizado la acusadora pública, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado, en su afán por demostrar la oportunidad de los 'pinchazos', que Óscar P.S. ya había sido interceptado con droga en 2011 y que tres años antes un toxicómano, vecino de Medina del Campo y detenido por robo, había confesado que 'El Pocero' era la persona que le suministraba la droga.
En la misma línea, el agente de la Policía Nacional que intervino como instructor de la investigación ha recordado que durante el cerco montado al acusado pudo comprobarse que éste, a pesar de no contar con trabajo conocido, ya que su último empleo data de 2002 y hasta 2004 percibió una ayuda, acostumbraba a conducir vehículos caros y de gran cilindrada con los que solía realizar maniobras propias de quien pretende evitar el seguimiento policial.
CONDUCCIÓN TEMERARIA
"Su ir y venir en coche y sus encuentros con clientes, sin bajarse de él, eran una constante a diario", ha relatado el funcionario policial, quien ha advertido de que en numerosas ocasiones 'El Pocero', en su propósito de eludir cualquier seguimiento, solía pasarse los semáforos en rojo y conducía de forma temeraria, actitud ya de por sí sospechosa a la que se suman numerosas llamadas desde su móvil, la mayoría perdidas, con las que concertaba citas con compradores en sitios ya prefijados.
Fue en este contexto cuando la tarde del 18 de abril de 2012 la policía, gracias a las escuchas telefónicas, conoció que el acusado había acordado una cita con un cliente en las inmediaciones del bar Faisán de Medina del Campo, lo que permitió a los agentes actuantes detener al comprador en posesión de una papelina. Este mismo, ya en comisaría, confesó en los últimos seis o siete meses 'El Pocero' era quien le surtía de sustancias.
El acusado, que en el juicio se ha limitado a responder a las preguntas de su defensor, enfocadas únicamente a demostrar que el 'parque móvil' que utilizaba no era de su propiedad sino que pertenecía a miembros de su familia, sería interceptado ese mismo día cuando se disponía a entrar en la cochera de su vivienda.
La detención, sin embargo, no fue fácil ya que el imputado, al percatarse de la presencia policial, trató de cerrar primero la puerta del garaje y luego, al no conseguirlo, se encerró en el coche haciendo caso omiso a las indicaciones de los agentes para que se apeara de él.
Los policías lograron finalmente detenerlo tras verse obligados a romper uno de los cristales del turismo. En su cacheo, se le ocuparon casi 2.000 euros y ocho bolsitas de cocaína. Más tarde, en el registro de su vivienda la policía se incautó del resto de la droga, hasta 76 gramos de 'coca' y otros 70 de hachís, junto con envoltorios de plástico y precintos para cerrar bolsitas, una balanza de precisión, unas tijeras y una navaja con restos de droga, 900 euros dentro de una caja de whisky, una veintena de teléfonos móviles y papeles con anotaciones de cantidades y números de teléfono.
Pese a tales pruebas incriminatorias, el letrado de la defensa ha solicitado la nulidad de las actuaciones por entender que se cometieron irregularidades tanto en el auto de entrada y registro de la vivienda del acusado como en la autorización de las escuchas telefónicas, lo que, en su opinión, constituye una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y del derecho a la inviolavilidad del domicilio.
