La primera acusación particular en la 'trama eólica': "Los perjudicados fueron obligados a vender a pérdida"

Aunque cifraba inicialmente los perjuicios de sus clientes en 362 millones, el acusador ha elevado esa cifra a un total de 618, utilizando un informe valorativo elaborado por la propia Junta VALLADOLID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera de las tres acusaciones particulares personadas en el juicio por la 'trama eólica', en representación de antiguos socios de IDER, Augusta Wind, NR33 y GDES, presuntas víctimas de dicho "entramado", ha mantenido sus cargos contra las personas encausadas, a la cabeza de ellas el entonces viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, por instaurar un modelo de gestión para la autorización de proyectos de parques eólicos en Castilla y León caracterizado por el chantaje que se imponía a los promotores titulares para que, obligatoriamente, dieran entrada en su negocio a socios locales, obligándoles incluso a vender sus acciones "a pérdida".

En su informe realizado esta tarde, tras el evacuado esta mañana por el Fiscal Anticorrupción y la Abogacía del Estado, la primera de las tres acusaciones particulares personadas en la causa--también figura, como popular, Ecologistas en Acción--entiende absolutamente acreditada la comisión de delitos de prevaricación y cohecho por parte de los once encausados y mantiene sus penas y petición de responsabilidad civil para sus clientes ante la "causalidad acreditada del daño" que inicialmente cifraba globalmente en un total de 362 millones de euros pero que, haciendo suyo un informe de valoración "aséptico" de la propia Junta, ha elevado finalmente a 618 millones de euros.

El acusador particular, en una intervención recogida por Europa Press, ha situado el inicio de la trama en esa polémica instrucción 2/2004 que avocaba la facultad de autorización de los proyectos en manos de la Consejería de Economía, particularizada en su segundo de a abordo y principal inculpado, Rafael Delgado, al que ha responsabilizado directamente de numerosas irregularidades, como implantar la competencia del proyecto y unos listados en los que se recogían aquellos socios que los promotores iniciales de los proyectos debían incorporar en su accionariado, "algo que carece de respaldo administrativo y legal" y que privó a los perjudicados de poder impugnar tales decisiones.

Entre los perjudicados de ese "entramado", término repetido en su intervención, el letrado ha incluido a sus patrocinados, antiguos socios de IDER, Augusta Wind, NR33 y GDES, a los que, como así sostiene, se les obligó a vender sus acciones y parques "a pérdida", a pesar de que su intención no era otra que permanecer en el negocio eólico.

Al igual que esta mañana la Abogacía del Estado, el primer acusador particular ha recordado que la trama fue destapada a raíz de una inspección tributaria a la empresa Collosa y que a partir de ahí se detectaron una serie de flujos económicos y se enfocó la investigación en las personas de Rafael Delgado y de su supuesto testaferro, el abogado también encausado Jesús Rodríguez Recio, así como en la empresa Iberdrola y su directivo Ricardo Bravo, igualmente inmerso en el proceso, quien a lo largo del juicio trató de justificar que la hidroeléctrica, al contar con un 70 por ciento del mercado eléctrico en Castilla y León, pretendía hacerse con idéntico porcentaje en el sector eólico.

En esa supuesta trama, el abogado ha incluido también a las empresas San Cayetano, Collosa y la que el exdirector general de Deportes de la Junta, Andrés Martín de Paz, constituyó con Iberdrola para explotar un parque en Villardefrades (Valladolid), "que se presentaban como empresarios locales para comprar a los legítimos propietarios a precio infinitamente inferior al de mercado".

UTILIZA UN INFORME DE LA JUNTA PARA VALORAR LOS DAÑOS

A este respecto, y para justificar la valoración de los perjuicios sufridos por sus clientes, el acusador particular considera "relevante" un informe de fecha 9 de febrero de 2010 elaborado por la propia Dirección de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León y dirigido a Red Eléctrica Española (REE) en el que se establecía una valoración de lo que habían dejado de facturar aquellos parques que durante dos meses no habían contado con evacuación a la red. En dicho informe, se establecía ya entonces, "antes incluso de que esta causa existiera o se pudiera prever", un valor de 207.000 euros por megavatio y año.

Esa valoración "aséptica" es a la que se aferra ahora el acusador para sostener que los daños cifrados por esta parte para sus clientes son notablemente inferiores que los que determinaba el criterio de la Junta en 210. Y es que dicha acusación había cuantificado los daños sufridos por IDER, NR33, GDES y Augusta Wind en 235, 14, 48 y 65 millones, respectivamente, en tototal 362 millones, cuando con el criterio valorativo de la Administración regional las cifras, por el mismo orden, serían de 416, 25, 85 y 92 millones, sumando un total de 618 millones que ahora esta parte reclama contra los acusados.

El juicio se reanudará este viernes, a partir de las 09.30 horas, para que emitan sus respectivos informes las dos acusaciones particulares que faltan y para que haga lo propìo la acusación popular representada por Ecologistas en Acción. La semana próxima continuarán con este trámite las defensas de los acusados, con lo que, previsiblemente, el proceso judicial pudiera quedar concluso el 21 de enero.