La prioridad nacional en CyL excluye de las prestaciones a los irregulares salvo en "supuestos de urgencia vital"

   VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)

   El concepto de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas que contempla el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León contempla la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a las personas que se encuentren en situación irregular y limita su acceso de forma exclusiva "a supuestos de urgencia vital".

   Así consta en el punto 10.8 del acuerdo rubricado este miércoles entre Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Carlos Pollán (Vox) según el cual el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el citado principio de 'prioridad nacional' que procure la "asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

    PP y Vox explican que este sistema, adecuado a la legalidad vigente, incluirá el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio y vincula el acceso a ayudas a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema.

    Además, antes de que finalice este año los grupos parlamentarios PP y Vox instarán al Gobierno de España a adaptar de forma inmediata a la legislación nacional el nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo que, según recuerdan, está orientado a endurecer la política migratoria.

    Por otro lado, PP y Vox han acordado la supresión total desde el primer presupuesto --el de 2027-- de todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas.

    "La Junta de Castilla y León no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada", advierten PP y Vox en este documento.

   Del mismo modo, aseguran que la Junta de Castilla y León trabajará de forma activa por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen para lo que "en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales", admiten PP y Vox, promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres.

   "No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)", añade el acuerdo en el punto 10.1 para rechazar "de forma expresa" la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez con la oposición "por todos los medios legales, jurídicos y políticos" a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales tanto mayores como menores de edad.

   Por último, incluyen la verificación de edad de los inmigrantes ilegales paro lo que habilitarán desde el inicio de la legislatura "la oportuna consignación presupuestaria" destinada a la realización de pruebas de determinación de edad que se aplicarán "para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios", añaden PP y Vox en el acuerdo.