PP y Vox exigirán empadronamiento de 10 años en España para compra de vivienda protegida y 5 para alquiler social

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futuro Gobierno de Castilla y León exigirá un empadronamiento de 10 años en la comunidad autónoma y en España para la compra de vivienda protegida y de 5 para el acceso a alquiler social, según consta en la medida 15.15 del acuerdo de gobierno suscrito este miércoles entre PP y Vox relativo al acceso a la vivienda protegida y al alquiler social.

PP y Vox han acordado establecer un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de 'prioridad nacional' y adecuado a la legalidad vigente para procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos "a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

Según el acuerdo, este sistema incluirá la exigencia de arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Castilla y León y España (mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler), y la exclusión de las personas que hayan sido condenadas como autores de delitos de allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos cinco años.

"Lo mismo sucederá cuando se haya emitido contra ellas resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública", añade el documento.

Además establecen el refuerzo de los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa "como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio" en ese objetivo de garantizar la estabilidad residencial, fijar población, fomentar la cohesión social, favorecer la consolidación de proyectos de vida, permitir el retorno de los castellanos y leoneses forzados a emigrar por falta de oportunidades y evitar situaciones de excesiva rotación del parque de vivienda.

"A estos efectos --explican-- se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Castilla y León, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la Comunidad".

Asimismo, se tendrán en cuenta a efectos de criterios de baremación todos los perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda: jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo, personas con discapacidad, personas sin solución habitacional y unidades de convivencia en situación de hacinamiento.

Por último, PP y Vox contemplan la eliminación de criterios que favorezcan el desarraigo social o distorsionen la asignación de recursos públicos.

Otros de los compromisos en materia de vivienda pasan por incrementar un 80 por ciento la inversión en políticas de vivienda y establecer desde 2027 nuevas políticas de vivienda dirigidas a personas de hasta 40 años entre las que se incluyan bonificaciones fiscales y programas de vivienda que favorezcan el acceso a la propiedad.

PP y Vox se comprometen a ampliar desde el primer presupuesto la línea de avales a 'Mi primera vivienda' para los jóvenes hasta el 20 por ciento frente al 17,5 por ciento actual del crédito hipotecario, para que puedan optar al cien por cien del préstamo, y a descontar a los jóvenes hasta 30.000 euros del precio de compra de vivienda pública en el medio rural, en este caso en colaboración con las diputaciones.

Implantar el programa de alquiler seguro, ampliar las ayudas al alquiler y creación de una Bolsa Pública de Suelo son otras de las medidas del acuerdo que prevé la creación en 2027 de una 'Unidad Aceleradora de Proyectos VPO' destinada a la tramitación preferente y agilización administrativa de las promociones que superen las 50 viviendas protegidas para reducir plazos, mejorar la eficiencia en la gestión y facilitar la rápida puesta en el mercado de vivienda asequible.

Por último, a lo largo de la legislatura impulsarán la construcción de al menos 5.000 viviendas protegidas a lo largo de la legislatura mediante fórmulas de colaboración público-privada, con el objetivo de ampliar de forma efectiva el parque de vivienda disponible y dar respuesta a la demanda existente. Estas promociones deberán ejecutarse con criterios de eficiencia, reducción de costes y agilidad administrativa.