ARANDA DE DUERO (BURGOS), 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
La familia García Agudo, propietaria del Hostal El Ventorro de Aranda de Duero (Burgos), se mostró hoy partidaria de que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo, que ratificó la ilegalidad de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la localidad burgalesa de Aranda de Duero y exigió su demolición para reponer los terrenos a su estado original.
El portavoz de la familia, Gabriel García Agudo, recordó que han sido diez años de litigios en los tribunales para denunciar la construcción de la depuradora a apenas 150 metros de su establecimiento y sin cumplir la distancia obligatoria de 2.000 metros de un núcleo habitado.
En este sentido, recordó que la Administración pública tuvo "toda una década para evitar llegar a este extremo", ya que recordó que "debería haber bastado con la primera sentencia para corregir lo que exigíamos en un primer momento" al referirse al cumplimiento de la distancia, la protección visual o evitar los olores.
Asimismo, insistió en que lo único que se ha buscado por parte de las administraciones es "evitar cumplir la sentencia, jugando con nosotros y los ciudadanos con engaños, incluso se ha querido engañar al Tribunal Supremo".
El TS estimó el recurso de casación interpuesto por el Hostal El Ventorro SL contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, cuya sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo daba validez a un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Aranda en el año 2004 para retrotraer el expediente a antes de la concesión de la licencia de actividad y obra para solicitar un informe a la Comisión de Prevención Ambiental para declarar la excepcionalidad de la ubicación.
El TSJ estimó que estas medidas habían legalizado la obra, acometida a menos de 2.000 metros de un núcleo urbano, por lo que se consideraba ejecutada la sentencia del Tribunal Supremo que en 2004 obligaba a reponer los terrenos a su estado primitivo.
Sin embargo, el TS anuló los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento y aprobó requerir al Consistorio que adopte "de inmediato" las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo que obliga a demoler la planta depuradora.
La familia García Agudo estudia, asimismo, la posibilidad de emprender un proceso Contencioso Administrativo para solicitar una compensación por los daños y perjuicios sufridos durante estos años.
Gabriel García Agudo consideró que pasaron momentos "muy complicados", en el aspecto psicológico "porque es muy difícil encajar una depuradora en la puerta de tu caso, en el plano físico al tener que "redoblar el esfuerzo que hacíamos para sufrir la clientela perdida", además de el económico al pagar por proyectos que se llegaron a ejecutar por la "incertidumbre".
En cualquier caso, recalcó que en el proceso han caminado "solos" dado que el Ayuntamiento de la localidad de Villalba de Duero, población situada a menos de 2.000 metros de la Edar, se desmarcó del proceso.
Por su parte, el abogado de la familia, Alejandro Suárez, apeló a la necesidad de que se depuren responsabilidades políticas y administrativas en todo ese proceso de diez años ya que "hay muchas piezas que no encajan y alguien tiene que explicar por qué no se hizo caso siguiendo adelante con el proyecto".
