PSOE acusa a Quiñones de "hacer un Montoro" con la Orden de precio de alquiler de vivienda pública

VALLADOLID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Vivienda del PSOE en Castilla y León, Ana Casado, ha acusado al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de haberse "hecho un Montoro" con la Orden MAV de 10 de julio por la que se unifican los regímenes para la determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y de referencia para el alquiler en la Comunidad con el objetivo, ha aseverado la socialista, de favorecer a las empresas en detrimento de los ciudadanos.

Casado ha criticado en concreto el punto 5 del artículo 2 de la citada Orden por dar legitimidad a "cobros presuntamente ilegales" que las empresas han realizado a sus inquilinos a lo largo de los últimos años en viviendas de protección pública a los que cobran 230 euros más de lo que fija el Estado y que, según ha recordado, ya se plasmó en una instrucción de 2022, que no era de obligado cumplimiento y que, en su opinión, estaba generando una inseguridad jurídica que se ha querido enmendar ahora con una nueva "orden 'ad hoc'" para favorecer a las empresas.

"El pirómano se presenta como bombero", ha ironizado la secretaria de Vivienda del PSCL que ha avanzado que su partido estudiará plantear un recurso contencioso-administrativo contra la citada Orden de 10 de julio y solicitará al TSJCyL la anulación parcial o total de la norma, especialmente del artículo 2.5, junto a la petición de medidas cautelares para salvaguardar el interés general por tener "efectos jurídicos irreversibles".

La socialista ha cuestionado el "cálculo inventado" de la Junta e "incompatible" con los planes estatales que regulan la vida jurídica de las viviendas protegidas y trascienden a las competencias autonómicas. A modo de ejemplo, ha explicado que una vivienda de 90 metros cuadrados con garaje y trastero calificada por el plan estatal se tendría que alquilar a un precio máximo de 610,34 euros, frente a los 842,69 euros que establece la Orden MAV, 232,35 euros mensuales más de diferencia.

Según sus cálculos, una promotora con 50 viviendas de este tipo se estaría "embolsando" 140.000 euros al año. "La conclusión es que se están subiendo los precios de alquiler de manera salvaje, que solamente lo pagan los ciudadanos de Castilla y León y que beneficia a las empresas", ha sentenciado.

Casado ha situado el "agravante" y "lo más doloroso" de este asunto en el hecho de que las familias que pagan el alquiler suelen tener dificultades para llegar a final de mes y que pagan su alquiler rigurosamente con la confianza de que la Junta vigila el procedimiento.

"No hay mayor injusticia que la que se ejerce desde las instituciones", ha sentenciado la socialista que ha recordado a Suárez-Quiñones que la Administración está para vigilar el cumplimiento de las normas "y no para crearlas presuntamente para enriquecer a fondos de inversión a costa de cobrar a inquilinos de viviendas de protección pública por encima del precio máximo legal que establecen los planes estatales".

Casado ha criticado por otro lado la "mala práctica" de la Junta de Castilla y León de publicar órdenes en el mes de agosto --esta se publicó en el BOCyL del 1 de agosto-- "pensado que pasará más desapercibida la trasgresión que está generando", en este caso, ha insistido, para favorecer a las grandes promotoras, inmobiliarias y fondos de inversión.

"Una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa y esta Orden no es justa en absoluto", ha advertido la secretaria de Vivienda del PSOE que ha asegurado que esta Orden da "una vuelta más de tornillo" a las dos últimas de precios máximos de venta como de referencia del alquiler que subieron un 40 por ciento el precio de las viviendas de protección pública en la Comunidad.

La socialista se ha reafirmado en que las viviendas protegidas en Castilla y León no van destinadas a las familias humildes puesto que tienen un precio por encima del de mercado libre y están destinadas a usuarios con ingresos de hasta 78.000 euros. La socialista también ha acusado a la Junta de "expulsar del mercado" a los colectivos de especial atención contemplados en la Ley de Vivienda.

Finalmente, ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que deje de ver la vivienda como un instrumento financiero.