VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, para aliviar la situación de 90.000 personas en riesgo de exclusión social, 20.000 de ellas víctimas ya de ella, ha propuesto una veintena de medidas recogidas en un Plan de Emergencia Social en el que se propone la participación no sólo del Área de Servicios Sociales sino de todas las que tengan algo que decir al respecto como Empleo, Hacienda, Urbanismo y Vivienda, Educación o Participación Ciudadana.
El objetivo de dicho plan, que será expuesto el próximo jueves durante la celebración de un Pleno Extraordinario monográfico sobre servicios sociales, es "darle la vuelta a las prioridades, eliminar lo que no se necesita y atender a los que necesitan", puesto que, añadió, "ésta debe ser en este momento la principal prioridad de cualquier administración", ha resumido el presidente del PSOE local, Oscar Puente.
La propuesta fundamental del plan se traduce en que el Ayuntamiento cree una empresa pública municipal que se encargue de gestionar servicios como ayuda a domicilio, teleasistencia o canguros, actualmente en manos de empresas privadas y que, en opinión del PSOE, licitan a la baja para conseguir la adjudicación, reduciendo salarios, rebajando la calidad del servicio y empeorando las condiciones de sus trabajadores.
El presidente del Grupo Socialista afirma que la constitución de una tercera empresa pública (junto a VIVA y Auvasa) que podría llevar por nombre Sesova "no sólo es económicamente viable, sino que permitiría al Ayuntamiento ahorrar dinero y mejorar la calidad de los servicios sociales".
Así, señaló que el Consistorio dejaría de pagar el 21% de IVA a las empresas privadas que ahora gestionan estos servicios, y se ahorraría también un porcentaje importante de beneficio empresarial, en total más de un 30% de lo que se paga podría invertirse en mejorar el servicio que se está prestando, así como las condiciones de los trabajadores, que serían asumidos como personal propio del Ayuntamiento.
ASUMIR LA RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA
Una segunda línea básica de actuación que proponen los socialistas es reclamar a la Junta las competencias que el Ayuntamiento puede gestionar con más agilidad y cercanía al usuario, como la concesión de la Renta Garantizada de Ciudadanía, por supuesto, acompañadas de su correspondiente financiación.
El PSOE recuerda que la Junta de Castilla y León alarga a seis meses el plazo de pago del subsidio desde su reconocimiento, de forma que "está gestionando lenta y deficientemente", y el Ayuntamiento puede hacerlo más rápido.
En caso de que la Administración Regional rechazara la transferencia de la competencia, el Consistorio debería afrontar el pago de esa prestación desde que se concede hasta que comienza a pagarse.
Puente aseguró que el presupuesto necesario para la puesta en marcha de esta medida rondaría el medio millón de euros, puesto que cada año se incorporan a la RGC en torno a cien vallisoletanos que cobran una media de 500 euros.
