El rechazo de las cuentas aboca a volver a prorrogar las actuales, vigentes desde mayo de 2024 con Vox en la Junta

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El rechazo del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2026 abocará a la Junta de Castilla y León a prorrogar las cuentas vigentes, las de 2024, ya que el pasado año el Gobierno autonómico no registró el proyecto de presupuestos de 2025 del que sí hubo un anteproyecto de ley.

Esto supondrá que Castilla y León tendrá que iniciar 2026 con una segunda prórroga de las cuentas en vigor que fueron aprobadas el 30 de abril de 2024 por los entonces socios de Gobierno en la Junta, PP y Vox, en solitario y sin introducir ninguna de las 2.305 enmiendas parciales de la oposición que llegaron vivas al último trámite parlamentario.

El presupuesto de 2024 asciende a 14.562 millones de euros --el tumbado por la oposición subía a 15.715 millones-- y su aprobación el 30 de abril de ese mismo año puso fin a la prórroga de las cuentas de 2023 con las que empezó ese año.

Castilla y León volverá a iniciar el año con el presupuesto prorrogado, algo que se repite por novena vez en la historia de la Comunidad con la particularidad en esta ocasión de que el Gobierno autonómico tendrá que prorrogar las cuentas de 2024 de forma consecutiva --en 2025 y en 2026--.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha tomado la palabra antes de las votaciones de las enmiendas de devolución de las cuentas para reprochar a la oposición que haya tumbado las cuentas y para asegurar que este proyecto de presupuestos se aprobará cuando el PP sume una nueva mayoría tras las elecciones que se celebrarán en marzo de 2026.

ANTERIORES PRÓRROGAS

La anterior prórroga presupuestaria fue precisamente en 2024, año que comenzó con las cuentas de 2023, que sí habían visto la luz el 1 de enero, como acostumbra la tradición, pero sin Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que los acompañaran tras el "error" o "malentendido" de los dos grupos que sustentan a la Junta al aceptar las enmiendas parciales del PSOE en la última fase de la tramitación de la norma que rechazaron finalmente.

El anterior procedente de prórroga presupuestaria fue el de 2022 que comenzó con cuentas prorrogadas por la disolución de las Cortes y por el adelanto electoral que se produjo precisamente a dos días del pleno de debate de las enmiendas parciales de las cuentas que negociaba el entonces Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos --negoció hasta el 20 de diciembre de 2021-- con Por Ávila.

A diferencia de lo que ocurrió en 2019 o en 2020, cuando ni siquiera se tramitaron las cuentas, en esa ocasión la Junta de Castilla y León sí había llegado a presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2022, que ascendían a 12.835 millones de euros.

De hecho, las cuentas de 2022 habían sorteado gran parte de la tramitación parlamentaria y sólo estaban a expensas del debate de las enmiendas parciales en el pleno de los días 22 y 23 de diciembre, 1.771 a las cuentas y 67 al articulado, debate que quedó truncado por la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de disolver las Cortes, vigente desde el martes 21.

PRÓRROGAS ANTERIORES

Las anteriores prórrogas presupuestarias fueron: la triple prórroga del presupuesto de 2018 con el que echó a andar 2021 --otra situación inédita en la historia de la Comunidad--; la de 2011 para 2012 y la de 2016 para 2017, si bien en estos dos ejercicios las cuentas se aprobaron a mediados de año, algo que no ocurrió ni en el ejercicio de 2018 para 2019 ni en el de 2019 para 2020.

El expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera optó por la prórroga en dos ocasiones, la primera en 2012, cuando José Luis Rodríguez Zapatero convocó elecciones generales a finales de 2011 sin dejar presupuesto para el siguiente año, y en 2017, tras la comunicación de que las entregas a cuenta que envió el Montoro variaron a la baja y el Gobierno de Rajoy llegó a Navidad sin aprobar ni el objetivo de déficit ni el de deuda y sin apoyos para aprobar las cuentas estatales.

El Decreto de Prórroga de los presupuestos de 2012 obligó a los consejeros a pedir autorización para hacer gastos previa elaboración de una memoria justificativa de su necesidad, oportunidad y posibilidades de financiación --las únicas excepciones fueron las Cortes, el Consultivo y la PAC-- mientras que la segunda se optó por una prórroga presupuestaria "muy transitoria" y "blanda" para garantizar los gastos de funcionamiento de las consejerías.

Según explicó entonces la consejera de Economía y Hacienda, en 2011 la Junta tuvo que prepararse "con mucho cuidado y esmero" aquel Decreto de prórroga presupuestaria en el que se basó para el Decreto de 2016 "muy similar" en las instrucciones técnicas pero sin "tantas trabas" a determinados gastos ya que las circunstancias económicas y presupuestarias habían cambiado respecto a aquel año 2012 cuando la Junta declaró "indisponibles" tantos recursos como fueran necesarios para respetar el objetivo de estabilidad de ese ejercicio.

La prórroga de los presupuestos de 2011 se prolongó hasta el 25 de mayo aprobó el Proyecto de Presupuestos de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2012 que ascendía a 9.720 millones de euros, un 3,24 por ciento menos, y se situó en niveles de 2007.

En el segundo caso (de 2016 a 2017) el nuevo presupuesto se aprobó el 23 de junio por un montante total de 10.293,18 millones de euros, un 4,7 por ciento más.

Y la tercera prórroga de ese ciclo se produjo de 2018 para 2019, entonces la Junta justificó la decisión de no presentar el proyecto en la falta de datos ciertos para elaborar una previsión de ingresos y gastos fiable ante la carencia, a su vez, del correspondiente proyecto de presupuestos generales del Estado.