VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
Una resolución del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, en su función como Protectorado de fundaciones ha anulado una decisión del anterior Gobierno de coalición formado por PP y Ciudadanos para transformar la financiación pública de la Fundación del Servicio de Relaciones Laborales (SERLA) a una fórmula con financiación privada a razón de 49 por ciento de la Administración autonómica y 51 por ciento a cargo de las organizaciones sindicales y de empresariales.
La resolución firmada por Juan García-Gallardo se ha adoptado en cumplimiento de una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL con fecha de 9 de noviembre de 2023 y anula, en concreto, un acuerdo del Patronato de la Fundación del SERLA del 29 de enero de 2021 para no financiar el SERLA o hacerlo "de forma insuficiente", como ha mantenido después "por la vía de los hechos" el actual consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, de Vox.
Así lo ha desvelado el secretario de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés, en una rueda de prensa para "arrojar luz" en este "procedimiento farragoso" que pone fin a un conflicto que comenzó con la postura del anterior Protectorado de las Fundaciones de inhibirse y no pronunciarse sobre la "decisión ilegal", en palabras del sindicalista, de reducir la financiación de la Fundación del SERLA, en contra de la opinión de los sindicatos cuando este tipo de "decisiones de calado" se tienen que adoptar por unanimidad.
"El Protectorado se inhibió y el Tribunal dice ahora que --la decisión de enero de 2021-- vuelva al Protectorado porque se tiene que pronunciar, no se puede inhibir", ha explicado Vicente Andrés que ha ironizado sobre la "paradoja" de que el político de Vox se haya visto obligado a "desautorizar" unas políticas "malintencionadas" y "de acoso y derribo" del organismo público para la resolución de conflictos.
Vicente Andrés ha reprochado a la actual Consejería de Vox que haya mantenido la "infrafinanciación" del SERLA con una aportación inferior de 400.000 euros, inferior al 50 por ciento, condicionada, además, a que el director no cobre su salario --lo ha tildado como un "acoso y un hostigamiento" para que abandone su puesto-- y a que no se pague un local que, según ha aclarado, no reúne los requisitos que precisa un organismo de esta entidad.
Andrés ha aclarado que la Fundación del SERLA no es "un chiringuito" y ha acusado al actual Gobierno de PP y Vox de haber continuado por la línea marcada por el anterior Ejecutivo con afirmaciones de que la Junta no tiene la obligación de financiación de este organismo, posición que ha sido rechazada con la resolución firmada por García-Gallardo.
En este sentido, ha retado al actual consejero a "hacer caso a lo que dice su jefe" y a no cambiar el sistema de financiación de la Fundación del SERLA para evitar "todo el proceso judicial" que hay en camino. "No vamos a parar hasta que esto se resuelva, el SERLA es un organismo público y la Administración lo tiene que financiar, nadie más", ha sentenciado el sindicalista.
Vicente Andrés ha instado también a la Junta a hacer efectiva la extensión del SERLA a las nueve provincias, como se comprometieron en su día con el Gobierno de Juan Vicente Herrera; a financiar el SERLA con dos millones de euros y a convocar el Patronato para que se desdiga del acuerdo de enero de 2021. "Veganzones tiene que ser coherente y problema resuelto", ha zanjado el secretario autonómico de CCOO.
"Se pasan las leyes por donde les da la gana", ha reprochado Andrés, que ha ironizado también sobre el papel de García-Gallardo como protectorado de fundaciones que ha comparado con poner al zorro a cuidar de las gallinas.
Vicente Andrés ha anunciado un nuevo contencioso ya que, según ha admitido, la resolución de García-Gallardo no entra ni se pronuncia sobre la extensión del SERLA a todas las provincias y ha asegurado que el sindicato no va a desistir en la pervivencia de este organismo público por lo que ha pedido un pronunciamiento de los tribunales.
A esto ha añadido que van a ir contra la Orden de financiación del SERLA de la actual Consejería de Industria con esos 400.000 euros "que no dan ni para el mes de abril" y, tras recordar que ya recurrieron la decisión del año pasado, ha informado de que acudirán a la OIT en busca de una "sanción directa" a la Junta por "vulneración de derechos fundamentales".
"Es absolutamente ilegal lo que están haciendo", ha sentenciado Vicente Andrés, que ha recordado que han tramitado otros dos contenciosos de la mano del Gobierno de España al que ha vuelto a urgir a aplicar el 155 "ente el asedio" al SERLA. "No nos pueden dejar desprotegidos", ha pedido Andrés al Ejecutivo central y ha aclarado que sigue a la espera de una respuesta del delegado del Gobierno, Nicanor Sen.
El líder de Comisiones Obreras en Castilla y León también ha lamentado las constantes "bombas y cortinas de humo" del vicepresidente de la Junta con "mentiras, desinformación y demagogia muy dañina" para distraer la atención en "un enfrentamiento a cara de perro" entre las organizaciones sindicales "y el Gobierno de la extrema derecha" y ha aclarado: "No defendemos lo nuestro, defendemos a los nuestros" y "el derecho a la mediación".
