Respaldo unánime a la convalidación del Decreto que posibilita compatibilizar prestaciones sociales

VALLADOLID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos con representación en las Cortes ha respaldado de forma unánime la convalización del Decreto Ley presentado por la Junta para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social a través de la compatibilización de prestaciones sociales que supondrá que estas ayudas puedan llegar a 8.000 beneficiarios más.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha defendido este Decreto que, tras su aprobación, será tramitado como Ley por el procedimiento de urgencia, un texto que permite compatibilizar prestaciones, flexibilizar el acceso a las mismas y asegurar el pago de las cuantías al mes siguiente de su solicitud.

Como ha detallado García la memoria económica que acompaña al Decreto establece que la repercusión de estas nuevas medidas pueden tener un impacto económico de 14 millones de euros para beneficiar a 8.000 personas más.

La consejera ha detallado que estas nuevas medidas tienen como objetivo "dar respuesta" a nuevas situaciones derivadas de la crisis con el fin de "garantizar" las necesidades básicas de los ciudadanos, al tiempo que ha recordado que las nuevas medidas responden a los compromisos alcanzados en el seno del Diálogo Social y a las recomendaciones del Procurador del Común sobre la necesidad de flexibilizar los presupuestos para el reconocimiento de las prestaciones y ayudas de la Red de Protección.

Todos los grupos han respaldado este Decreto Ley, así el portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, ha destacado que a pesar de considerar favorable este paso el avance "debería ser mayor", al tiempo que ha recordado que con esta modificiación la Junta refrenda las cuestiones que la oposición "ya ha advertido desde hace tiempo".

Por su parte, el procurador de Ciudadanos, Manuel Mitadiel, ha apoyado el Decreto a pesar de lamentar que estos problemas no se hubieran subsanado desde el principio a pesar de lo que ha insistido en que se trata de una norma "muy positiva " que "corrige problemas".

La procuradora de Podemos, Laura Domínguez, ha aprovechado su intervención para insistir en la problemática de determinados colectivos sociales, al tiempo que ha reclamado que se tenga en cuenta la situación de los hogares monoparentales o a los ciudadanos que cobran pensiones no contributivas, la mayoría de ellos mujeres.

Por último y en un tono más crítico la procuradora socialista Ana María Agudíez ha reclamado que los 220 millones de euros de los que dispondrá la Junta como consecuencia del incremento del objetivo de déficit se destinen a estos fines, ya que "la Red de Protección no puede dejar sin protección a quien lo necesiten". Así, ha reclamado que este tipo de políticas queden desvinculadas de la disponibilidad presupuestaria para garantizar su prestación y ha lamentado que "queda mucho por hacer".

La procuradora del PP María del Mar González Pereda ha destacado el "esfuerzo económico" realizado por la Junta en políticas sociales, al tiempo que ha resaltado que todas estas políticas se negocian en el ámbito del Diálogo Social.

EL DECRETO

Las nuevas medidas extraordinarias afectan a aquellas prestaciones de la Red dirigidas a atender necesidades de subsistencia, como la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía, la prestación económica para necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social o la prestación económica extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria.

El Decreto-Ley establece la ampliación de los supuestos de compatibilidad de las prestaciones y ayudas de la Red de Protección con determinadas prestaciones públicas como las prestaciones por desempleo, subsidio de desempleo, Programa de Renta Activa de Inserción (RAI), Programa de activación para el Empleo (PAE), Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) u otras similares que normativamente se determinen, ya se perciban por el desempeño de una actividad laboral, se dirijan a favorecer la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social o se perciban derivadas de la atención a determinadas personas con discapacidad.

Al mismo tiempo, se establece la compatibilidad de las prestaciones de la Red con otras prestaciones sociales que antes eran incompatibles, como la percepción de prestaciones por la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad y por riesgo durante el embarazo; las prestaciones por incapacidad temporal durante el desarrollo del trabajo, y aquellas prestaciones por hijo a cargo, en los casos en los que el sujeto causante sea el hijo.

A través de esta normativa se flexibiliza además el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a estas prestaciones fundamentalmente a través de modificaciones en las reglas de cómputo de ingresos, bienes muebles e inmuebles.

En aquellos casos en los que se tengan en cuenta los ingresos, para los autónomos se establece que cuando se tengan en cuenta los rendimientos del trabajo por cuenta propia para el reconocimiento de las prestaciones, y estos sean inferiores al 50 por ciento del importe de la base de cotización a la Seguridad Social, se computará como ingreso una cantidad igual a dicho importe.

En los casos en los que se tenga en cuenta el patrimonio se exceptuarán del cómputo los bienes rústicos ubicados en localidades que cuenten con menos de 5.000 habitantes; en el caso de bienes inmuebles urbanos, cuyo valor catastral sea inferior a 12.000 euros, se computarán al 50 por ciento de dicho valor, y en los casos de copropiedad de un bien inmueble heredado, cuya titularidad sea compartida con personas ajenas a su unidad familiar, se excluirá del cómputo cuando el valor catastral de su parte sea inferior a dos anualidades del 80 por ciento del IPREM.

Las medidas incluidas en el Decreto-Ley mejoran el procedimiento, ya que se reconoce el nacimiento del derecho y consiguiente devengo de la prestación desde el mes siguiente a producirse la solicitud, en lugar de los tres meses actuales.

Al mismo tiempo, se reduce a un mes el periodo de suspensión de la prestación cuando no se renueve el alta como demandante de empleo.

Además, se fomenta la inserción laboral de los beneficiarios de estas prestaciones al facilitar la reanudación automática de su percepción una vez finalizada la actividad laboral cuando el beneficiario la tuviera suspendida por obtener ingresos de dicha actividad.