Respaldo unánime a la PNL del PSOE para que la Junta devuelva de oficio los cobros indebidos a los dependientes

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista con cuatro puntos para exigir a la Junta la anulación "de manera inmediata y de oficio" de todas las liquidaciones individuales realizadas a los grandes dependientes de grado III tras la anulación del Decreto de precios públicos por parte del Tribunal Supremo.

La iniciativa también insta a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a proceder con carácter individual al reintegro total de las "cantidades indebidamente cobradas" a las personas usuarias en el plazo máximo de seis meses.

"Se han equivocado, lo han hecho mal, tienen sentencia, doctrina del Tribunal Supremo, suban aquí y pidan disculpas", ha exigido la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, que ha pedido a la Junta que devuelva de oficio las cantidades cobradas de forma indebida y que no haga pasar a los dependientes de grado III y a sus familias por el trámite de tener que reclamar judicialmente.

"¿Qué pasa, que sólo les sirven las sentencias del juez Peinado?", ha ironizado la socialista que ha acusado a la Junta de Castilla y León de llevar años "robando sistemáticamente" a las personas más vulnerables y "quitando dinero" a los dependientes de grado III con un "copago ilegal sabiendo que era ilegal", como, según ha recordado, advirtió el PSOE en reiteradas ocasiones.

Por su parte, la procuradora del PP Noemí Rojo ha rechazado que la Junta de Castilla y León esté haciendo negocio con los dependientes y ha asegurado que cuando se constate "de manera fehaciente y firme" que se ha producido un cobro indebido la Administración procederá al reintegro de las cantidades correspondientes "como no puede ser de otra manera", ha apostillado.

La procuradora del PP ha explicado además que la Consejería de Familia ha informado a los interesados "de las distintas vías e instrumentos jurídicos" que tienen a su disposición para que puedan presentar solicitudes para un análisis individual de cada situación.

Rojo ha recordado que la sentencia del Supremo se notificó en septiembre y ha defendido que la Consejería actuó "de forma inmediata y diligente" al excluir del ámbito de aplicación del Decreto desde el día 1 de septiembre a las personas dependientes de grado III.

La procuradora del PP ha asegurado por último que la Administración autonómica adaptará su actuación al nuevo criterio fijado por el Tribunal Supremo para lo que cambiará el precio público por una tasa que garantice un copago conforme a derecho y que tiene que ser regulada por ley. Hasta entonces, ha aclarado, la Junta "no puede ni va a cobrar importe alguno".

Desde el Grupo Vox, María Luisa Calvo ha compartido la necesidad de proceder a la devolución de las cantidades cobradas y ha llamado a abrir un debate real sobre la situación "y no un parche". "No es justo, no es decente, si se ha cobrado mal hay que devolverlo sin excusas y sin marear a los ciudadanos", ha reclamado.

También han respaldado la PNL del PSOE el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, y el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que ha acusado a la Junta de Castilla y León de "engañar y estafar" a los más vulnerables. El leonesista también ha lamentado la "desidia, la falta de transparencia y de diligencia" de la Junta para dar a conocer y aplicar la sentencia.