Sen avisa de que sería "incomprensible" que CyL rechace el Plan de Vivienda cuando esta es un "problema" en la sociedad

VALLADOLID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha advertido de que sería "completamente incomprensible" que la Junta de Castilla y León rechace el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, de no firmar el acuerdo para recibir los fondos, cuando esta materia es "uno de los principales problemas que tiene la sociedad española".

"Sería completamente incomprensible, una decisión completamente injustificada, que cualquier gobierno autonómico pueda llegar a rechazar unos fondos que vienen del Gobierno y que no existían. Aquí es donde se va a ver la verdadera voluntad de solucionar uno de los principales problemas que tiene la sociedad española. Aquí es donde cada uno va a descubrir sus cartas", ha señalado Sen al ser cuestionado por sí las comunidades gobernadas por el PP no firman el acuerdo para disponer de los fondos para la construcción de vivienda pública.

Para Sen, no firmar sería un "gran error" y "no tendría ningún tipo de justificación", tal y como ha aseverado este miércoles, en declaraciones recogidas por Europa Press ante las críticas emitidas por los gobiernos del PP.

Precisamente, el portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado el Plan al considerar que incide en los "principales defectos y errores" que han provocado la situación actual y que llevo al "fracaso" del anterior, al tiempo que ha exigido "diálogo" con todas las autonomías lejos de la "imposición".

Por su parte, Sen ha insistido en que esta iniciativa es un "compromiso" que "nunca jamás ha habido por parte de un Gobierno de España" e influye a "una competencia autonómica". "Ahora todo el mundo, a todos los niveles, habla de la necesidad de vivienda. Todos tenemos perfectamente claro que, efectivamente, hay un problema de vivienda en nuestro país", ha reflexionado al respecto de la vivienda.

Así, ha reivindicado el Plan de Vivienda impulsado por el Gobierno con 7.000 millones de euros, de los 378 millones se destinan a Castilla y León.