Piden su retirada, afirman que no se ha negociado, carece de financiación y "miente" al garantizar llegadas de bomberos en 30 minutos
VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los principales sindicatos y la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León han rechazado el Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad, aprobado por decreto, al considerar que prima al personal voluntario frente al profesional, no contempla inversión suficiente, contempla parques que aún no existen y olvida el consorcio regional que se contemplaba en la región.
Así lo han señalado representantes de CCOO, CSIF, UGT y la Plataforma de Bomberos, que cuentan con el apoyo también de USO y del Sindicato de Bomberos Profesionales de Palencia, después de la publicación del decreto por el que se acuerda este Plan --que establece la distribución de parques y sus tipos, funcionamiento de este servicio en la Comunidad y los aspectos de su estructuración--, que han asegurado que no han negociado a pesar de que en el texto se diga lo contrario e incluso contraviene acuerdos a los que habían llegado con anterioridad después de años de negociaciones.
"Nos sentimos utilizados porque plasman que estamos de acuerdo y no es así", ha señalado el representante de CSIF Juan Carlos Prieto, quien ha afirmado que piden a la Junta que retire este plan "unilateral", estudiarán qué posibilidades habría de denunciarlo si no fuera así e incluso barajan posibles movilizaciones en el futuro.
Por su parte, el presidente de la Plataforma de Bomberos Profesionales, José Ignacio García, ha asegurado que no entiende el "interés mayúsculo" de la Junta en modificar normas anteriores para "meter a los voluntarios con calzador" y que incluso no se distinga en el Plan cuándo se habla de ellos o de profesionales.
García ha aclarado que no tiene nada contra los voluntarios pero se debería de hacer mediante la modificación de su propia ley y no de este plan, pero además ha apuntado que estas personas hacen lo mismo que ellos pero sin formación ni oposición y además cobran, por lo que la función de los profesionales se pone en cuestión.
Por otra parte ha advertido de que el plan sectorial "vende" que en 30 minutos estaría garantizado el servicio, pero ha asegurado que "es totalmente mentira" y no es real porque si se ve la estructura que se plantea de 105 parques muchos no existen y el 70 por ciento además dependerían de voluntarios, que ha insistido en que está bien que colaboren pero no deben sustituir a los profesionales.
OBLIGACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
A este respecto, el presidente de la Plataforma de Bomberos ha añadido que la Junta no "obliga" a que se cumplan las responsabilidades que tienen las diferentes administraciones con competencias en parques de bomberos, que ha recordado que en el caso de las localidades de más de 20.000 habitantes es suya pero en las de menos de las diputaciones cuando no haya presupuesto suficiente para ello.
José Ignacio García ha afirmado que "la única" que cumple en Castilla y León es la Diputación de Valladolid, que tiene seis parques profesionales, pero la Junta no obliga y "si quieren lo hacen".
En la Comunidad hay actualmente 17 servicios de bomberos con 22 parques profesionales y si se obligara a ponerlos en marcha serían 40 servicios profesionales.
En cuanto a la financiación, ha señalado que se "olvida" del consorcio regional que hace años que se plantea y se establece una financiación de 10 millones de euros en cinco años para fomentar los parques profesionales, lo que considera que son "migajas" y si quisiera contribuir tendría que aportar un 50 por ciento, lo que implicaría unos 25 millones.
En la misma línea, el responsable regional de Bomberos de UGT, Benedicto Díaz, ha insistido en que no se ha negociado con la actual directora de la Agencia de Protección Civil, Irene Cortés, con la que sólo se han visto en octubre de 2019 cuando se presentó, cuando con su antecesor se habían negociado aspectos como las zonas de actuación en las que se recogen los tipos de parques.
Además, ha afirmado que no se han negociado dos cambios "muy importantes" como el hecho de que los bomberos pedían que en cada salida hubiera cuatro "intervinientes" por turno, a lo que sumaba una persona que se quedaba en el parque a cargo de las comunicaciones, pero la Junta sólo ha contemplado cuatro personas por turno, por lo que se quita una, lo que a su juicio es una pérdida de empleo.
PARQUES
Por otro lado, ha censurado que se de prioridad al parque de bomberos "privado" de Villares de la Reina (Salamanca), en contra del que se han mostrado siempre y que varias sentencias ya han apuntado que tiene que ser profesional y por lo tanto público, tras lo que ha recordado que en Galicia por ejemplo había muchos privados y se están revirtiendo, algo que ha reclamado a la Diputación de Salamanca.
Además, ha explicado que en el plan "desaparece" el parque de bomberos de Salamanca, que ha sido escuela regional desde 2007 y por el que el 95 por ciento de bomberos de Castilla y León han hecho cursos.
En esta línea, Mateo de la Viuda, de CCOO, ha recordado que en el año 2000 ya estaban negociando y en 2007 se logró dar un "gran salto" hacia una pretendida red de parques profesionales de manera que toda la región quedara cubierta en un máximo de 30 minutos --salvo en zonas de montaña donde es más difícil--.
Sin embargo, con este nuevo "papel" se pierde todo porque ni hay financiación ni un plan para incorporar esos parques o partidas para toda la región.
De la Viuda ha añadido que otro pilar fundamental que se va "al traste" es la duplicidad de gasto, ya que con el plan que tenían "pactado" cada parque tenía una zona de actuación y la Comunidad quedaba "vertebrada" pero ahora con casos como el parque de Villares o el desacuerdo entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Diputación, que ha puesto en marcha un parque en Arroyo, a siete minutos de la capital, ya no ocurre lo mismo.
"Tenemos que volver a la senda de la negociación y volver a lo que se ha pactado", ha señalado el representante de CCOO, quien ha insistido en la "barbaridad" que supone la duplicidad del gasto cuando se podría hacer una coordinación y establecer una financiación más adecuada.
