VALLADOLID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
El sistema de protección a la Infancia de Castilla y León atendió a 21.000 menores a lo largo de 2014, de los que 7.526 han tenido que ser protegidos por el sistema público de Servicios Sociales y 1.407 de ellos, además, han tenido que ser tutelados por la Junta, lo que supone un 2 por ciento más que el ejercicio anterior.
Así lo ha puesto de manifiesto la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, durante su última comparecencia de Legislatura en la Comisión del ramo en las Cortes de Castilla y León.
La consejera ha aportado los principales datos de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis y la aplicación de la Renta Garantizada de Ciudadanía en los dos últimos años (dos cuestiones detalladas este lunes en el marco de la constitución de la Sección de Servicios Sociales de responsabilidad pública del Consejo de Servicios Sociales), por un lado, y del desarrollo del Pacto por la Infancia y la Red Centinela.
En este contexto, la consejera ha recordado que, en el marco del Pacto por la Infancia, uno de los compromisos es la evaluación de los programas orientados a los niños, como es el sistema de protección a la Infancia que ofrece una atención integral y que atendió el pasado año a 21.000 menores (frente a 19.000 del año pasado). De ellos, 7.526 han tenido que ser protegidos por los Servicios Sociales y 1.407, un 2 por ciento más (1.381 en 2013), tutelados por la propia Junta. Además, en el marco del programa de acogimientos hay 1.293 menores separados de sus familias.
Castilla y León cuenta con una red de recursos destinados a al atención a la infancia compuesta por 17 centros de día, con 372 plazas, en los que se atendió el pasado año a 367 menores; 65 centros residenciales, con 878 plazas, y 51 equipos especializados de intervención, en los que se atendió a casi 7.000 menores.
Estos 21.000 menores son una parte de los 40.000 que se han beneficiado en Castilla y León de medias de apoyo a la infancia el pasado año, ya sea en la prevención, la atención o la difusión de derechos, entre los que se encuentran los 18.000 que el han participado en actuaciones encaminadas a que los niños conozcan sus derechos, realizadas, fundamentalmente, en el ámbito escolar.
Estas acciones se enmarcan en el Pacto Autonómico por los Derechos de la Infancia, que suma más de 200 adhesiones y que contempla como principal compromiso el impulso de las políticas de Infancia, algo que la consejera ha asegurado que se refleja en los presupuestos de la Junta, que se han incrementado un 13 por ciento entre 2011 y 2015, hasta los 51,5 millones.
Otros compromisos pasan por fomentar acciones en favor de los niños como los programas de difusión de los Derechos de la Infancia, que han llegado a 18.000 menores el pasado año, mientras que Unicef ha llevado a más de 100 empresas el documento 'Principios empresariales y Derechos de la Infancia' y ha formado a más de 150 universitarios. Además, se han realizado programas como 'Enrédate', para alumnos de Primaria y Secundaria en el que han participado 257 centros y 80.514 alumnos.
ALIMENTOS URGENTES
Por otro lado, Milagros Marcos ha detallado la labor de la Red Centinela de Alerta Infantil, como mecanismos de detección y respuesta rápida de posibles casos de desnutrición infantil que pudieran darse en la Comunidad. La red se activó por primera vez con motivo de la finalización del curso 2013-2014 y se activó en octubre para anticipar posibles actuaciones de cara al invierno y evitar problemas de alimentación a raíz del cierre de los centros escolares.
Esta red realizó 1.294 intervenciones y detectó un total de 19 familias que necesitaba provisión de alimentos urgentes (17 en periodo estival y dos en el último trimestre del año), a las que se proporcionó alimentos en 24 horas cuando así ha sido preciso, para después ser atendidos en los centros de acción social.
La consejera ha defendido las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Pacto por la Infancia y la Red Centinela, que considera que ha sido un "acierto, detectando en algunos casos de forma proactiva y canalizándolo a los servicios sociales de forma precoz".
Frente a ello, el procurador socialista Jorge Félix Alonso ha criticado que desde la publicación de esta Red en 2011 hasta ahora se haya puesto en marcha en junio del año pasado, por lo que considera que sirvió para hacer un anuncio en la anterior campaña, y ha dudado de que se detecten sólo 17 problemas si en el curso pasado había 6.806 menores con comedor gratuito en Castilla y León porque la renta familiar era inferior a 266 euros al mes. "Lo grave de cuando se niegan los problemas es que no hay voluntad de poner solución", ha señalado.
En cuanto al Pacto por la infancia, ha criticado que no haya un presupuesto concreto para las medidas que se llevan a cabo, de forma que el gasto que al final se destina a éstas "no es real", ya que un mismo concepto se computa "varias veces". Además, ha criticado una falta de seguimiento del Pacto tras la supresión de las comisiones provinciales y ha dudado de su funcionamiento, al considerar que es una mera "declaración de intenciones".
En este marco, en referencia a los tres puntos del orden del día de la comparecencia, Jorge Félix Alonso ha incidido en que el problema de los centros de acción social es que se han reducido a ser meros despachos de prestaciones y se dedican a un trabajo social con las familias, que es "mucho más que darles de comer", en alusión al sistema de reparto de alimentos en el marco de la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis. "El trabajo social tiene que tener otra dimensión", ha afirmado.
Así se ha expresado después de que la consejera diera a conocer los principales datos sobre el resultado del trabajo de la Red, que atendió el pasado año a 150.000 personas en Castilla y León, un 7,48 por ciento más, mientras que de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) se beneficiaron 33.912 personas.
Frente a estos datos, el procurador socialista ha criticado un desarrollo en la regulación de la RGC "restrictiva", ya que se ha limitado a compatibilizarse con algunos subsidios, con dificultades de acceso para los autónomos y restricciones a quienes tienen bienes inmuebles, con carácter general, a pesar de que no les generen ingresos. Además, ha asegurado que según el Ministerio de Sanidad Castilla y León es la comunidad en la que más denegaciones hay, con un 52 por ciento sobre el total de solicitudes.
Frente a ello, Milagros Marcos ha defendido los criterios "rigurosos" en base a los que se concede, que además han sido acordados desde la idea de la "justicia social" y aclarado que la mayoría de las denegaciones de esta renta se produce porque no se cumple el requisito, que considera "muy razonable", de que los perceptores sean demandantes de empleo, estén empadronados o por no contestar cuando se les requiere información adicional.
DESPEDIDAS
En esta última Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades los portavoces de los grupos parlamentarios han aprovechado para despedirse con motivo del fin de la Legislatura, la primera de ellas la 'popular' María Álvarez Quiñones, que ha señalado el trabajo "excelente" de la Consejería durante estos cuatro años y ha agradecido a Jorge Félix alonso y la consejera su trabajo, así como al procurador de IU, José María González, (ausente en esta jornada.) tras lo que ha destacado la "discrepancia constructiva" que han mantenido.
Por su parte, Jorge Félix Alonso se ha despedido tras más de 20 años en las Cortes, "más que algunos de sus funcionarios" (a quienes ha agradecido el trabajo), pero ha advertido de que no se alejará de los temas sociales. "No me van a perder de vista", ha dicho antes de ironizar con que la siguiente legislatura será el PP el que tenga que hacer las preguntas al PSOE.
