VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El sargento de la Oficina Técnica de la Sección del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Valladolid, Francisco Javier M.M, podría ser suspendido durante nueve meses por haber realizado trabajos incompatibles con su profesión de guardia Civil, en concreto por haber asesorado a distintas empresas en materia medioambiental.
Al menos esa es la propuesta de sanción que le ha sido ya notificada y que, según informaron a Europa Press fuentes implicadas en el caso, ha sido elaborada por el Capitán Jurídico de León, a quien la Dirección General de la Guardia Civil encomendó dicha tarea después de que el jefe del Seprona, el alférez Jesús U.M, destapara que el investigado y otro miembro de esta sección, el guardia de uno de los dos equipos de investigación, Óscar J.A.I, tenían constituida la Fundación Proyecto A.R.B.O.L, con funciones de asesoramiento en materia de medio ambiente a empresas y otras instituciones, como ayuntamientos y diputaciones.
La propuesta de sanción, relativa a una falta muy grave por realizar actividades incompatibles con la Guardia Civil, llevaría aparejada, amén de los nueve meses de suspensión, la pérdida de destino y, como accesoria, la imposibilidad de retornar a la Comandancia de Valladolid por espacio de dos años, si bien el afectado tiene aún plazo de diez días para interponer el oportuno recurso.
Los dos agentes, socios de la referida fundación, y el jefe del Seprona se encuentran enfrentados y se han entrecruzado denuncias, enfrentamiento al que se han sumado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Profesional de la Escala de Suboficiales (ASES-GC), ambas en favor de los dos primeros, así como la Unión de Oficiales (UO), colectivo este último según el cual las acusaciones contra el máximo responsable del servicio constituyen una cortina de humo para tratar de tapar las incompatiblidades en que habrían incurrido sus subalternos a través de ese asesoramiento medioambiental.
Los aludidos acusaron a su jefe, entre otras irregularidades, de asignar a sus subalternos servicios sin avisarles con la suficiente antelación, así como de apropiarse de un ordenador de la unidad, utilizar al personal como taxistas o para hacerle trabajos que debe presentar como alumno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), además de cobrar un kilometraje por desplazamiento cuando en realidad el trayecto lo había realizado en el vehículo de otro agente.
La polémica entre los tres agentes llevó el pasado miércoles al delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, a anunciar que todos ellos, tanto el jefe del Seprona como sus dos subalternos, serían apartados de sus puestos "de inmediato", si bien hasta el momento ninguno de los implicados ha recibido la notificación de cese.
En este sentido, la Unión de Oficiales (UO), a través de un comunicado recogido por Europa Press, confirmó tal extremo y trasladó su malestar ante el anuncio realizado por el máximo responsable del Gobierno en la Comunidad.
La UO aprovechó la oportunidad para pedir a los medios de comunicación social el mayor rigor posible en las noticias que al respecto se publiquen, "máxime cuando se está cuestionando la honorabilidad y la profesionalidad de una persona", en alusión al alférez Jesús U.M, tras quien ha cerrado filas dicha asociación, que además ha presentado denuncia ante la Fiscalía de Valladolid para que investigue los negocios realizados desde la Fundación Proyecto A.R.B.O.L.
